La controversia sobre cuáles son los verdaderos límites que separan Pontevedra y Poio cumple ya 30 años de contenciosos, pleitos y recursos. Litigios que arrancaron en 1984, en la época de José Rivas Fontán y Enrique Rey Fonseca como alcaldes y cuyos resultados tratan ahora de digerir los que son ya sucesores de sucesores. El ámbito de A Xunqueira y el nudo de autopistas centra una disputa cuyas consecuencias han ido perdiendo importancia con el paso de los años. Ahora que el ayuntamiento del norte tiene ya una sentencia firme en la que se le da la razón para ampliar sus "fronteras" hasta el río Rons, como se reconoció de manera inicial en el siglo XIX, el efecto que tendría en la práctica parece casi nulo en lo que se refiere a ingresos o mejores servicios.

Las aspiración del fallecido regidor poiense está ahora más cerca de cumplirse que nunca. Pero el escenario apenas tiene algo que ver con el de entonces, cuando en la zona en vez de un parque de bomberos y un cuartel de la Guardia Civil había una infraestructura de abastecimiento de agua y un matadero. La primera de estas instalaciones, que gestionaba la ciudad del Lérez cobrando un canon a los municipios que se beneficiaban de ella, se convierte en el origen de una situación que ha dejado todo este ámbito en tierra de nadie durante los últimos lustros.

Ninguno de los dos ayuntamientos quiere pronunciar ahora la palabra polémica. Solo apuntan a que hay un fallo sobre el que no cabe recurso y al que hay que dar cumplimiento. Para ello se ha convocado una reunión entre ambas administraciones locales que será en marzo. Pero con la boca pequeña se admite que difícilmente habrá acuerdo y que tendrá que ser una administración ajena la que ponga orden. Aunque esto es algo que tendrá que aclararse en ese próximo encuentro.

Está claro que lo que ocurre ahora carece de controversia alguna si se compara con el pasada. La situación fue más tensa en los años 80. El enfrentamiento entre los alcaldes de uno y otro territorio fue evidente y de hecho hay quien apunta que todo se originar por una especie de "capricho" del desaparecido mandatario poiense. Capricho en el que parece que le ha acompañado la razón.

El que fue edil de UCD emprendió esta prolongada disputa y lo hizo basándose en la modificación de los límites municipales en 1938. Entonces, desde Madrid se varió lo fijado en el siglo anterior y que establecía el río Rons como barrera natural que separaba ambos términos en este punto. Poio nunca aceptó esa revisión y fue más de 40 años después cuando empezó a cursar las reclamaciones. Primero sin acudir a la vía judicial, pero luego ya echando mano de ella hasta las últimas consecuencias.

La construcción del parque de bomberos avivó el malestar que ya había Poio por el abastecimiento. Desde este concello se instó a Pontevedra a que solicitase licencia para construir el recinto que ocuparía el lugar del antiguo matadero, amparándose que estaban sobre los legítimos territorios. El rifirrafe entre ambos ayuntamientos llegó incluso a agitar el movimiento social. En febrero de 1986 hubo una marcha en la que participaron 200 vecinos reclamando la titularidad poiense de los terrenos. El hecho de que tres furgones antidisturbios vigilasen la marcha evidencia la tensión que se vivía en el momento.

Después de acuerdos puntuales, pero siempre con un proceso judicial de fondo, las aguas se han ido calmando. Y los cambios en los sillones de mando también han contribuido a la relajación. Pero, eso sí, Pontevedra tampoco quiere renunciar a lo que considera suyo por derecho, aunque ahora los jueces hayan apoyado la versión que ha defendido siempre el pequeño de los municipios. Ambas partes tuvieron que llegar a pactos para construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil, o a la hora de planificar ejes viarios, lográndolo sin salidas de tono.

La dificultad, no obstante, de encajar lo que sería una derrota física y moral hace presagiar esta vez una salida sin acuerdo. La reunión que acogerá Poio el próximo mes tendrá que terminar con un acta. Y ésta puede ser de disconformidad. En ése caso será el Instituto Geográfico Nacional el que tenga la última palabra y marque cuáles son los límites. Con ello se pondrá fin a una confrontación que ha perdurado durante cuatro alcaldes en el caso pontevedrés y tres en el de Poio y que se remonta a los inicios de la corporaciones democráticas.