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Placeres exige ante los tribunales la ejecución de la demolición de los rellenos y los pasos a nivel ilegales

Dos recursos de súplica piden que un tercero ejecute las sentencias ante la inactividad de Fomento y el Puerto y que les imponga multas

Placeres exige ante los tribunales la ejecución de la demolición de los rellenos y los pasos a nivel ilegales

A la Plataforma Defensora de la Plaza de Placeres se le ha acabado la paciencia. Desde hace tiempo vienen reclamando la ejecución de las sentencias pendientes, especialmente dos de ellas, la que se anula el Plan Especial del Puerto de Marín y obliga a devolver a su estado original unos 300.000 metros cuadrados de rellenos portuarios, y la segunda que declara ilegales los pasos a nivel de la plaza de Placeres y ordena suprimirlos. Lo hacían de viva voz, a través de las declaraciones de sus principales representantes, pero ahora han decidido dar este mismo paso ante los tribunales.

Para ello han presentado, con fecha del pasado lunes 14 de enero, dos recursos de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los que se solicita que se ejecuten sendas sentencias después de años de pasividad a la hora de hacer cumplir las resoluciones judiciales por parte de las administraciones condenadas.

En el caso concreto de los rellenos portuarios, la plataforma ciudadana suplica al TSXG que acuerde la ejecución subsidiaria de la sentencia, encargando "el hacer a un tercero y a costa de la administración condenada" la demolición de los rellenos. Para ello solicita que el secretario del juzgado designe un perito tasador para que valore el costo del proyecto técnico que permitiría "la reposición de la zona portuaria afectada por la sentencia a su estado anterior".

En dicho escrito, los vecinos de Placeres instan al juzgado a que, una vez que se conozca el importe necesario para llevar a cabo el proyecto, la administración demandada proceda a depositar esta cantidad de dinero en la cuenta del juzgado y se proceda a encargar el proyecto de demolición a un tercero. En el caso de que la administración no accediera a este requerimiento, los vecinos de Placeres plantean al juzgado la posibilidad de llevar a cabo embargos que garantizasen cubrir el coste de esta actuación. Serían, en todo caso, "bienes patrimoniales que no estén afectos a servicios públicos".

En el mismo sentido, la plataforma de Os Praceres reclama la imposición de una multa de 1.500 euros al presidente de la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra y otra de igual importe para su director, "bajo la advertencia de que, en tanto no sea ejecutada la sentencia, la multa se reiterará".

Si la sentencia que declara ilegales más de 300.000 metros cuadrados de rellenos portuarios es firme desde hace ya más de tres años, mucho más antiguo es el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordena suprimir los pasos a nivel de la plaza de Placeres. Este se remonta a febrero de 2004 y es firme desde marzo de 2007. Trascurridos casi seis años, los vecinos consideran que es un plazo más que suficiente para que la administración condenada, en este caso el Ministerio de Fomento, hubiera dado cumplimiento a la sentencia. Su ejecución estaba paralizada a la espera de que se resolviese una cuestión de ilegalidad planteada ante la Audiencia Nacional, algo que se ha producido recientemente, tal y como publicaba FARO el pasado miércoles. Un fallo que daba de nuevo la razón a los vecinos. Tras esta última resolución judicial, la Plataforma en Defensa de la Plaza de Placeres remite este escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que inste de nuevo a la ejecución del fallo, pero en este caso, subsidiariamente "al entender que es la única manera de lograr el cumplimiento".

Levantar los raíles

Al igual que en el caso anterior, piden al juzgado que nombre un perito que elabore el proyecto técnico para "eliminar los tres pasos a nivel" y que requerirá "levantar los raíles, demoler los petos y reponer el pavimento a su estado previo" con cargo al Ministerio de Fomento, recordando la posibilidad de embargos y multas, como en el caso anterior. Reconocen que, indudablemente, esta actuación paralizaría el tráfico del ferrocarril con el Puerto, pero añaden que "deberá ser Fomento quien dé soluciones al problema diseñando un nuevo proyecto, esta vez soterrado, que, por la cuenta que le tiene, seguro que elabora con suma rapidez".

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