La sentencia es contraria al PP, porque rechazó un recurso contencioso administrativo de la oposición, pero ha sido acogida con "satisfacción" por los populares porque "confirma la mala gestión en el Concello". Por su parte, el gobierno local se felicitó de que el fallo sea favorable "porque ratifica los trámites municipales" y confirma la decisión de abonar más de 500.000 euros a la empresa del parking de la plaza de España por los trabajos arqueológicos previos a la ejecución del aparcamiento.
Esta "contradictoria" lectura de una sentencia por parte de sus protagonistas, se produce a raíz del fallo que la juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra dictó a raíz de un recurso formulado en 2010 por el PP, que pretendía que el juzgado anulara un acuerdo previo del Concello por el que se abonaron esos 500.000 euros a la empresa Empark por realizar esas excavaciones arqueológicas. La oposición opinaba que era la propia adjudicataria la que tenía que sufragar esos trabajos, por lo que pedía que se devolvieran los fondos al Concello.
La sentencia no da la razón al PP y sí al gobierno local al entender que Empark nunca fue advertida de la obligación de realizar esos trabajos hasta que fue inevitable su ejecución. Ante la rotunda negativa de la empresa a cumplir las exigencias de la Dirección Xeral de Patrimonio, el gobierno local optó por asumir esos gastos. Pero es esa falta de advertencia municipal la que cuestiona abiertamente la juez.
Así, en uno de sus párrafos señala que "el procedimiento que se siguió para la modificación final del contrato no fue precisamente el más adecuado". y más adelante apostilla que "si existió algún tipo de responsabilidad o culpa imputable a alguna de las partes a la hora de valorar el caso, solo lo fue a cargo del Concello, en tanto se permitió licitar una obra sin hacer una previsión correcta, mínima, por un precio relativamente bajo del que resultaría, con toda evidencia, que la empresa no tenía prevista la ejecución de trabajos del calado de los que se vio posteriormente obligada a realizar dadas las exigencias de Patrimonio".
Incluso destaca la "actuación irresponsable, poco prudente, de la Administración municipal, pues necesariamente debía conocer" la necesidad de realizar esas caras excavaciones arqueológicas debido a trabajos y estudios ya realizados en la zona en años anteriores. Pese a todo, no da la razón en modo alguno al PP. aún así, su portavoz, Jacobo Moreira utiliza esos reproches para señalar que "la sentencia deja en mal lugar al gobierno local" y "aunque no se estima nuestro recurso, damos por bien empleado este esfuerzo". Añade que "si se hubieran hecho bien las cosas, se habrían podido ahorra 500.000 euros, pero vemos que el mal hacer de este gobierno cuesta mucho dinero, como ya se demostró en la parcela de Os Gafos (usurpada por el Concello por la que debe indemnizar a los propietarios) y en otros casos, y estos sí son recortes, porque detraen dinero de otras necesidades".
Mosquera: "No hay irregularidad alguna y el PP vuelve a fracasar en el juzgado"
El concejal de Infraestructuras César Mosquera, que aparece citado en la sentencia como el responsable de este asunto, quiso dejar claro ayer que la sentencia sobre las excavaciones arqueológicas de la plaza de España "deja claro que no hay indicio alguno de irregularidad o ilegalidad", al tiempo que lamentó la "gran afición del PP de ir al juzgado, si bien vuelve a fracasar", como ya le ocurrió, por ejemplo, con la denuncia por supuesta prevaricación, ya archivada, contra el concejal de Hacienda, Raimundo González Carballo. Mosquera añadió que "el PP, ante esta fracaso de tal calibre, se agarra a un párrafo de la sentencia que es una confusión lógica de la juez, entre otras razones porque el parking original no estaba delante de las Ruinas de Santo Domingo (donde sí se sabía que había restos) sino que lo impuso después Patrimonio para eliminar la rampa de la Alameda".
