El futuro del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que el Concello elabora desde hace casi ocho años puede decidirse mañana, en una reunión de alto nivel entre el alcalde, Miguel Fernández Lores, y el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Si en esa cita la Xunta mantiene su actual postura de no aceptar las previsiones edificatorias del documento por no ajustarse a la Lei do Solo, el gobierno local "meterá en un cajón" el borrador ya disponible y mantendrá vigente el PGOU de 1990 y que "aún podría aprovecharse unos años más". Así lo aseguró ayer César Mosquera, concejal de Ordenación do Territorio y que se encarga de tutelar la redacción del Plan.

El argumento municipal es simple: con el PGOU de hace veinte años aún habría suelo y capacidad en el municipio para edificar unas 24.000 nuevas viviendas, pero las limitaciones que establece la Lei do Solo en la actualidad son mucho más restrictivas y no sólo prohibiría que el nuevo Plan estableciera más viviendas que esas, sino que incluso obligaría a reducirlas "a unas 14.000, como mucho, es decir, la mitad", según César Mosquera, para quien ese recorte "coarta el desarrollo de la ciudad y supone un agravio para los propietarios de terrenos en los que ahora se puede edificar pero que con el nuevo PXOM, ajustado a la Lei do Solo, verían anulada por completo esa posibilidad".

Estas son las explicaciones que ayer ofreció el edil para añadir que "si esto no cambia, el nuevo Plan sería inviable. Si hay buena disposición, seguiríamos para adelante con el PXOM, que es nuestro objetivo, pero si no, lo mejor es guardar el documento en un cajón" y seguir con la vieja y obsoleta normativa urbanística de 1990. Hace unas semanas, el PP municipal, que acusa desde hace tiempo al BNG de "no tener interés en aprobar el nuevo Plan", ofreció al PSOE alcanzar un acuerdo entre ambos, excluyendo a los nacionalistas, para sacar adelante el documento.

Aunque ya hubo en los últimos meses diversos contactos para conocer la postura definitiva de la Xunta, sólo existe una vía de esperanza, que sería que la Xunta admitiera la misma edificabilidad que existe en la actualidad, es decir, unas 24.000 viviendas, "pero sinceramente me parece de difícil encaje tal y como está la ley ahora", admite Mosquera. En la reunión de mañana, el gobierno local espera que el conselleiro adelante algún posible acuerdo que desbloquee esta situación.

La cita, que se produce tres meses después de la entrevista institucional entre el alcalde y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en julio pasado, servirá para reparar las previsiones "de presente y futuro" de la consellería en Pontevedra, entre ellas las posibilidades de firmar un tercer convenio para el saneamiento del rural. Según los cálculos municipales, con las obras ya ejecutadas y previstas en los convenios anteriores, el 95% del casco urbano y el 80% del rural dispondrán de servicio de alcantarillado y la intención es arrancar un compromiso de la Xunta para reservar nuevos fondos europeos con los que llegar a la plena cobertura. Incluso se solicita la colaboración de la Xunta para extender la red de agua y colaborar con el plan de Acuanorte. Mosquera explicó ayer que "el estado económico de la Xunta no es boyante, pero nuestras peticiones son razonables y realistas para los tiempos que corren, no pedimos millonadas".