Después de dos jornadas de vista oral y multitud de testigos y peritos quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra un visitador médico, José C. G., y un enfermero de un centro de salud de la provincia, Manuel D. G., acusados de estafa y falsedad documental por la Fiscalía por confeccionar recetas falsas.
El Ministerio Público reclama penas de prisión de cinco años en el caso del visitador médico y de seis años en el caso del trabajador del centro de salud, pena que eleva en este último caso por tratarse de un funcionario.
Heparina
Según el fiscal, ambos habrían falsificado una serie de recetas para obtener así un medicamento, concretamente un anticoagulante conocido como heparina, aunque de una marca mucho más cara al que se suele recetar, algo que niegan las defensas de ambos acusados.
Para el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, "la falsificación existe" ya que tiene constancia de recetas extendidas a nombre de terceras personas que reconocieron nunca haber tomado ese medicamento.
Unas recetas que, además, fueron canjeadas en diferentes farmacias de la provincia quizá para no levantar sospechas por tratarse de un medicamento de un coste tan elevado y en dosis mayores de lo habitual. No obstante, reconoció que le resulta "difícil" establecer el objetivo que movía a ambos acusados.
Móvil no económico
En el caso del funcionario, sospecha que su intención habría sido "mejorar el servicio" o el medicamento que administraba a tres allegados que tenía bajo su cargo y que, efectivamente, necesitaban regularmente heparina; ya que no cree que el acusado se hubiera "beneficiado económicamente" falseando las recetas. Con todo, señaló que podría haber obtenido los medicamentos a través de los cauces legales y de una marca más barata y menos costosa para las arcas públicas.
En el caso del visitador médico, también dijo desconocer la razón por la que habría incurrido en el supuesto delito de falsedad, aunque en este caso sí apuntó a un posible "beneficio económico por las ventas derivadas de ese producto".
En total, la cantidad defraudada a las arcas públicas rondaría los cinco mil euros, según indicaron fuentes del Ministerio Público.
