El polígono de Fragamoreira vuelve estos días a primera línea de la actualidad municipal y su puesta en marcha se ha convertido de nuevo en el punto de desencuentro entre gobierno local y oposición.
Si el viernes fue el concejal de Urbanismo, Xulio Barreiro, quien reclamaba la devolución de los informes que permitirían al pleno aprobar el plan parcial para los terrenos a Xestur, la empresa pública que gestiona el suelo industrial de la provincia y que está presidida por el candidato popular a la alcaldía de Poio Javier Domínguez, se defendía ayer alegando que es el organismo el que lleva semanas esperando por el visto bueno municipal.
Domínguez Lino explicó que las modificaciones sobre los usos y la ordenanza de construcción acordadas en la reunión mantenida por las partes en enero (después de que el concello detectase pequeñas incompatibilidades entre el plan parcial que recibió en noviembre y el de ordenación municipal en la zona) fueron remitidas "el 18 de marzo sin que hasta la fecha se hayan dignado a contestar".
En el correo electrónico remitido en esa fecha a los responsables de la obra, Xestur explica que se han introducido ya los cambios y pide que se verifiquen cuanto antes "ya que estamos cerrando el proyecto de urbanización para su posterior traslado tras aprobar definitivamente el plan parcial". A día de hoy, el candidato popular recuerda que "nos falta por recibir el "ok" a las correcciones". Xestur explica además que el documento contendrá el convenio firmado por las partes sobre las conexiones exteriores del parque empresarial.
Mientras que Barreiro habla de las trabas que los conservadores pondrían al desarrollo del polígono, "la Diputación paró el acceso norte por no ajustarse a los requisitos del tráfico que ahora, sin cambiar nada, si los cumple", Domínguez lamenta las críticas al responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, que "tiene más de 40 millones de euros invertidos en Poio" y recuerda que estará operativo en 2013.
Entre tanto, la obra del polígono acumula ya un retraso de "dos años y medio", lo que según explicó el alcalde Luciano Sobral en su día, significa que el concello tardará más de lo previsto en ver los más de cinco millones de euros que les reportará la construcción del parque empresarial, entre licencias, IBI y plusvalías.
Xulio Barreiro lamentó además el abandono al que la consellería de Hernández somete a las obras pendientes en el concello. "Llevamos más de cuatro meses esperando por una reunión con Augas de Galicia para cerrar el proyecto de la nueva depuradora", dijo, aunque el caso que más molesta en Poio es la reforma de la PO-308. "Están reelaborando un proyecto que ya nos remitieron".
A este respecto, Domínguez Lino vuelve a cargar contra el bipartito por integrarse en la plataforma vecinal que reclama mejoras en la vía, "creada para tapar sus incompetencias e incapacidades", y recuerda que la Xunta "está con levantamiento topográfico del último proyecto (entre Combarro y Samieira) para luego poder consensuar las actuaciones prioritarias".
