El alcalde Francisco Veiga Soto asistió ayer con el concejal de Urbanismo Xosé María Vilaboa a una reunión convocada por el presidente de la Autoridad Portuaria a la que asistieron también representantes de las empresas frigoríficas, el abogado del Estado y un responsable de Urbanismo de la Xunta para, entre otros temas, aclarar la postura municipal tras la acusación publicada hace unos días de que el Concello de Marín obstaculiza la concesión de licencias de obras en el puerto.
Veiga declaró tras la reunión que "ha quedado claro que este ayuntamiento no paraliza nada y que todos y cada uno de los expedientes que están en trámite municipal si no han sido resueltos es porque están pendientes de que los administrados aporten alguna documentación y no hay ningún expediente en situación de resolución definitiva".
Solución definitiva
El regidor municipal ante la situación que considera de incertidumbre jurídica sobre cualquier obra que se haga en el Puerto, considera que debería buscarse una solución definitiva. En este sentido, añadió que "defendimos en esta reunión como también se hizo en el ámbito del Consejo de Administración, que se debería ir a la única vía definitiva que podría evitar los problemas de inseguridad que pasaría por la redacción de un nuevo Plan Especial que contase con todos y cada uno de los trámites necesarios requeridos por el Tribunal Supremo en su sentencia y entendemos que sólo de ese modo se evitarán estos problemas que estamos teniendo como verdadera espada de Damocles a la espera de que haya una solución definitiva".
De cualquier manera y ante las pocas posibilidades que tiene de cuajar la idea del nuevo Plan Especial, en la reunión de ayer se acordó volver a realizar, lo antes posible, una consulta a la Secretaría Xeral de Urbanismo de la Xunta respecto a la situación del Plan de 2005 afectado ahora por una nueva sentencia y sobre la que existen dudas en la propia Xunta.
El alcalde informó que la petición se va a hacer inmediatamente y confió en que la Xunta responda lo antes posible para dar pie jurídico a las decisiones que se tomen.
