Los seis detenidos en la “Operación Vodka” pasan hoy a disposición judicial en Ourense

La macrooperación policial en la provincia y Pontevedra busca desarticular una red que proveía a los narcos que operaban en el Estrecho de estructuras marítimas de gran velocidad

Dos profesionales de Vigilancia Aduanera, en el registro que tuvo lugar en Ribadumia. |   // NOE PARGA

Dos profesionales de Vigilancia Aduanera, en el registro que tuvo lugar en Ribadumia. | // NOE PARGA / A.G.T. / A. M.

A.G.T. / A. M.

“No se descartan más detenciones”, dijo ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, sobre la macrooperación policial que se desarrolla de forma conjunta en varias provincias españolas, en un operativo contra el narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de capitales. La operación de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en las provincias de Ourense y Pontevedra, en marcha desde este pasado miércoles, continúa bajo secreto de sumario, sin embargo el propio delegado advirtió que “todas las líneas de investigación siguen abiertas”. Y añadió que “es una operación en la que se lleva trabajando más de un año”, poniendo en valor el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

Según pudo saber FARO, los seis detenidos, hasta el cierre de este periódico, pasarán hoy a disposición judicial en las dependencias ourensanas, donde la titular del Juzgado Nº2 de Ourense decidirá, después de escuchar sus declaraciones si lo quieren hacer, qué medidas impone a los presuntos implicados de una banda criminal que servía de estructuras marítimas de gran velocidad a narcotraficantes del Estrecho.

Entre los arrestados se encuentra el empresario cambadés José Luis G.T., “Giriño”, que según fuentes consultadas tiene un negocio de venta de motores. Precisamente, los agentes registraron el chalé que tiene en la parroquia de Sisán, en Ribadumia, requisando varios materiales.

Este cambadés ya estuvo en el punto de mira de las fuerzas del orden en ocasiones anteriores. En 2010, sufrió el incendio de una lancha de seis metros y medio de eslora, y de un motor fueraborda, que empleaba para el marisqueo. Sucedió de madrugada, precisamente en la finca que registraron el miércoles, y los primeros indicios apuntaban a que había sido intencionado. Una década después, en 2021, la policía regresó a Sisán, en esta ocasión por la operación “Peralto”, en la que resultaron detenidas casi 30 personas y se descubrieron 630 kilos de hachís.

Presuntamente, Giriño estaba entonces a las órdenes del poderoso clan de” Los Gordos”, con ramificaciones en las provincias de Almería y Málaga, así como en la ciudad autónoma de Ceuta. Ahora, el cambadés formaría parte de un grupo centrado en la logística de los transportes de droga, si son ciertas las sospechas de los investigadores.

El operativo de la operación que se desarrolló en Cádiz y también en Ourense es desmantelar una red de crimen organizado dedicada a la fabricación de Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV) para el transporte de droga por vía marítima, como han confirmado fuentes próximas a la investigación. Precisamente, desde Pontevedra, donde el miércoles se realizaron dos registros, y desde Ourense, donde los agentes entraron en cinco inmuebles, se suministraban las narcolanchas necesaria, a través de Portugal, para poder continuar con la actividad delictiva en el Estrecho.

Desde Cádiz

Precisamente, la macrooperación policial deriva del gran operativo desarrollado contra el que está considerado como el mayor grupo de narcotransportistas en el Estrecho de Gibraltar. En total se detuvieron a 31 personas, en la denominada “Operación Grajuela”, dos de ellas también en la provincia de Pontevedra, que supuestamente servían de enlace. De estas 31 detenidos, los juzgados de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) decretaron el ingreso de 16 detenidos a prisión provisional.

Uno de ellos es un vecino de Cambados y otro de Barro que están en prisión por su relación con una activa organización de “narcotransportistas” que operaba desde Sanlúcar de Barrameda. Ambos fueron detenidos tras el hundimiento de un submarino que supuestamente transportaba seis toneladas de cocaína, y que naufragó sin que se pudiese alijar toda la mercancía. La operación fue coordinada por un juzgado de la provincia de Cádiz, y los arrestados en Pontevedra declararon por videoconferencia en Cambados y Caldas de Reis, respectivamente.

En la “Operación Grajuela” se llevaron a cabo 24 registros domiciliarios en varios puntos de España y se abortaron hasta cuatro operaciones de la organización. Los agentes se incautaron de tres armas cortas, 1,4 millones de euros en efectivo, 19 vehículos de alta gama, sistemas de comunicación, material informático, dos “narcolanchas” en Portugal y otras tres en España.

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