El jurista Baltasar Garzón habló este miércoles en el campus de Ourense sobre memoria democrática y justicia restaurativa, pero también mostró su preocupación por el ascenso de la extrema derecha en Europa y lo acontecido este fin de semana en Italia con la victoria del partido Fratelli d’Italia.
“Vamos a ver qué hace la señora Meloni, pero es evidente que está desarrollándose en una amplia ola que podría haber sido restringida si la derecha, los conservadores, hubiesen tomado un cordón sanitario, pero parece que no va a ser así, y que aspiran más a detentar el poder que a cortocircuitar la extrema derecha”, valoró momentos antes de entrar al aula magna del edificio Politécnico en la que pronunció la conferencia organizada por la Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense, y coordinada por el profesor Manuel Isorna. Al acto acudió con la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, y fue recibido por el decano del centro, Xosé Manuel Cid.
Ante este auge de la ultraderecha, el jurista que buscó justicia para los crímenes del franquismo e instruyó la trama Gürtell por lo que acabó inhabilitado como juez, ve necesario que “los demócratas, y quienes como en España tenemos el amargo recuerdo del fascismo seamos capaces de evitar que se instaure de nuevo”. Ese cordón sanitario, sostiene, “es absolutamente necesario aquí, pero habría que preguntarle a Feijoo qué es lo que va a hacer”.
Es la segunda vez que Baltasar Garzón visita el campus de Ourense. En 2019 participó en el III Congreso Euroamericano de Dereito e Política, y en esta ocasión lo hizo para hablar sobre la Ley de Memoria Democrática, que el próximo 5 de octubre se debate en el Senado. “Si no hay ninguna incidencia quedará aprobada, y si hay alguna enmienda vuelve al Congreso y de forma inmediata se aprobará”, explicó.
Décadas de olvido
Este nuevo marco renueva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que, recuerda el jurista, “fue importante porque fue la primera ley después de décadas y décadas de olvido”. La diferencia entre una y otra, apunta, es que la aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, “daba la iniciativa a las víctimas y el Estado apoyaba, ahora cambia sustancialmente y es el Estado el que, de forma proactiva, tiene que actuar en defensa de las víctimas, de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la garantía de no repetición”.
No es, con todo, la ley que Baltasar Garzón querría. “Podría haber ido más allá, porque una ley de protección de las víctimas podría establecer con mucha más contundencia la justicia restaurativa”. Sin embargo, en esta norma, señala, “se interpreta, y a veces a los tribunales no hay que dejarles demasiado margen para la interpretación porque en España, la interpretación, suele ser muy conservadora, y en el caso de los crímenes franquistas, en contra de las víctimas”.
Con todo, destaca que “gracias a la incorporación de una enmienda de los grupos minoritarios que apoyan al Gobierno se introdujo lo que es evidente al nivel internacional, que por ejemplo, la amnistía nunca puede ser interpretada como una norma de impunidad, sino de protección de aquellos derechos que se cuestionaron durante la dictadura”. Por lo tanto, valora, "no puede ser interpretada para garantizar impunidad por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, de tortura, etc.”.
El exjuez que ha escuchado a las víctimas del franquismo y ha participado en la apertura de fosas comunes ve en esta ley una avance hacia la justicia restaurativa. “Hay capítulos de esa ley que establecen expresamente la reparación simbólica, pero también reparación, indemnización, reconocimiento de derechos y afirmación de los mismos, y se establece una obligatoriedad que debería haberse previsto mucho antes, pero mejor tarde que nunca”, sostiene.
“Aspiro a que, una vez aprobada esta ley, no venga otro grupo político y la derogue”
En todo caso, deja claro que una ley de recoge aspectos tan importantes como la memoria democrática “no debería ser campo de contienda política”. Lograr algo que parece imposible en el escenario actual, “significaría la madurez de nuestro sistema democrático”, opina Garzón, “porque de lo que se trata es de la dignidad de las víctimas y ahí todos tendríamos que estar de acuerdo, pero desgraciadamente parece que no es así”. Su aspiración, apuntó, “es que, una vez aprobada, no venga otro grupo político que la derogue como se ha dicho, porque eso sería retroceder en el tiempo. La memoria, la verdad, la garantía de no repetición, la reparación, son derechos fundamentales de las víctimas y no deben ser campo de contienda política”.
Respecto a su propia reparación tras ser suspendido como juez, recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas “me ha dado la razón diciendo que la condena fue arbitraria, parcial y que se me debe reparar íntegramente. Espero que este Gobierno reflexione y cumpla los tratados internacionales”, concluyó.
