“El mayor golpe al contrabando de tabaco en España”. Así definían los agentes de la Guardia Civil de Ourense, en agosto de 2020, una operación policial que logró incautarse de 150 toneladas de tabaco y 250.000 cigarrillos con un valor cercano a los 21 millones de euros.
Esa operación policial, bautizada como ‘Straperlo’, en la que fueron detenidas 25 personas, irá a juicio el próximo martes, 7 de junio, con ocho acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, de un delito de contrabando y otro contra la Hacienda Pública, por producir y distribuir tabaco ilegal desde una nave del municipio ourensano de Coles y su posterior venta al extranjero.
Las peticiones de condena de los acusados suman 72 años de prisión y una multa con una cantidad total de 227,8 millones de euros. Cuatro de los cinco líderes de la organización están acusados de un delito de organización criminal por el cual el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel, por el delito de contrabando se pide otros cuatro años de prisión y 12 millones de multa y por el delito contra la Hacienda Pública se solicita la pena de 3 años y 24 millones de euros, cada uno.
Además de estas solicitudes, la Fiscalía de Ourense acusa por los mismos delitos a otras cuatro personas solicitando la misma multa por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública, pero rebajando la pena de 4 y 3 años, a los 2 y 2 años, respectivamente. Además de estas rebajas, también pide un año menos, 3, por el delito de pertenencia a organización criminal.
Asimismo, el escrito de acusación también impone una responsabilidad civil para los acusados y solicita que abonen “conjunta y solidariamente” la cantidad de 11,8 millones de euros más y a PPP Productos S.A. la cantidad que acredite en ejecución de sentencia por los perjuicios ocasionados si los hubiera, ya que la organización utilizaba la cajetillas, el papel de filtro, las boquillas, los cartones y los embalajes idénticos a los de dicha empresa que comercializa la marca Marlboro.
La Fiscalía ordena que los acusados que están en prisión provisional se mantengan en esa situación privativa de libertad comunicados y sin fianza para “asegurar que no van a eludir la acción de la justicia ante la falta de arraigo en territorio nacional y teniendo en cuenta las penas solicitadas”.
El “cabecilla” de la organización, según las investigaciones policiales, dirigía “una organización estructurada en el tiempo con ramificaciones internacionales que habilitaba naves industriales con la maquinaria precisa para el montaje de una fábrica de cigarrillos no adecuada a la normativa estatal vigente, utilizando para ello también mano de obra no regularizada en el país conforme a los derechos reconocidos a los trabajadores”.
Las nacionalidades de los acusados son rumano, moldavo, portugués y cuatro ucranianos y otros 19 detenidos de diferentes países, que no serán juzgados en la sesión plenaria del próximo martes en la Audiencia Provincial de Ourense. Algunos trabajadores disponían de colchones y ropa de cama en la fábrica donde dormían al terminar los turnos de trabajo.
Meses de actividad ilegal
El 18 de febrero de 2020, uno de los acusados se hizo con un piso de alquiler en Ourense desde donde gestionaba las operaciones de la organización y disponía la compra de materiales así como de otros recursos para la producción del tabaco ilegal. Durante los siguientes meses se dispuso de la maquinaria oportuna para la producción del tabaco y es en agosto de 2020, cuando los agentes de la Guardia Civil de Ourense se personan en la nave, situada a la entrada de Cambeo, requisando 903 bombonas de celofán, 338 bobinas de cartón, 2.150 bobinas de papel de liar, 5.101 cajas de filtros, 1.179 rollos de papel de aluminio, 93 bidones de cola y 80 bobinas de celofán.
Además, en una nave en Ponteares, ubicada en A Porteliña, los agentes también desmantelaron una cantidad ingente de producto para la elaboración del tabaco, como palés de garrafas de alcohol, palés de film transparente y 612 cajas de cartón conteniendo hoja de tabaco que suponían 107.100 kilos. Incluso en una tercera nave ubicada en Valladolid, guardaban material como filtros y otros utensilios.
Los ocho acusados (dos rumanos un moldavo, un portugués y cuatro ucranianos) se sentarán el próximo martes día 7 en la Audiencia Provincial de Ourense para responder por las acusaciones de los delitos que le impone el Ministerio Fiscal y también para declarar sobre la presunta actividad ilícita que estaban perpetrando.
