“El sistema de trabajo actual supone un mínimo de 7 horas de conducción. No se contemplan ni tiempos de descanso para ir al lavabo. No somos máquinas, y pedimos un convenio digno, para poder percibir ese incrementos del IPC que no se aplica desde 2019, y garantizarnos que vamos a cobrar por una jornada de 8 horas al día y 40 a la semana, al margen de que la línea de autobús que hagamos ese día tenga más o menos horas. Un salario por una jornada laboral estable, como cualquier trabajador. No es tanto pedir, ¿verdad?” , se pregunta Daniel Fernández.
Este conductor de autobuses, es además el presidente del comité de la empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano de Ourense. Una plantilla de 125 trabajadores que, a partir del día 20 de abril, retoman la huelga indefinida que comenzó en enero de 2021, pero la paralizaron entonces solidariamente, para ayudar con la pandemia.
“Sentimos mucho las posibles molestias a los ciudadanos, pero si conseguimos mejorar las condiciones, repercutirá también en beneficio del servicio ”, razona Daniel Fernández. De momento están pendientes de una reunión para decidir los servicios mínimos, “pero la última palabra la tiene el Gobierno local” , subraya.
Unas líneas de hace 30 años
En vísperas de la renovación de la flota de buses, que serán sustituidos por otros de última generación, en los que el Concello invertirá 40 millones de euros, la plantilla de trabajadores, que hace posible entre todos el funcionamiento del servicio del bus urbano de Ourense, y garantizan la movilidad en el municipio desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, y los 365 días del año, piden “unas condiciones adaptadas al siglo XXI, explican. Hasta las líneas son obsoletas, pues son las mismas que se diseñaron hace 30 años, afirman.
El convenio se suscribió hasta 2019 y “a partir de ahí vienen los problemas; la mayoría de los trabajadores no quiso firmar la propuesta de la empresa, pues nos ponía unas líneas rojas. Suspendimos la huelga en enero de 2021 para seguir dando servicio en pandemia pero como todo sigue igual, ahora tenemos que volver a convocarla, porque no hubo avances”, explica el presidente del comité de empresa.
Una de esa líneas rojas que, según Daniel Fernández, puso la empresa era “cobrar mensualmente según la línea que hayas hecho ese día, es decir según las horas realizadas. Lo que nosotros solicitamos es cobrar por una jornada laboral estable de 8 horas al día, 40 a la semana, y luego si hay horas extras se negocia aparte”.
Los otros flecos como conciliación o beneficios sociales, dependerán también, cuando toque sacar a concurso de nuevo el servicio, “de la capacidad del Concello para defender determinados derechos de la plantilla, pues al final es un servicio público”, explican.
Una concesión en precario desde hace 7 años y con resultados “muy rentables”
Según los convocantes, de la huelga, la actual concesionaria del servicio de buses, la firma Urbanos de Ourense S.L. que pertenece al grupo Avanza, se benefició en 2017 “de una sentencia que le reconoce un beneficio empresarial del 6% en los gastos de explotación. Esta cantidad supera ampliamente los 10 millones de euros, de los cuales ha percibido por parte del Concello unos 3,3 millones de euros, que nos conste”. No es habitual que, como ocurre en este caso, y pese a estar trabajando en precario, pues la concesión caducó hace siete años, “ se de esta circunstancia extraordinaria y poco frecuente en concesiones públicas, por la que la rentabilidad de la misma está garantizada” indican. Afirman que, de hecho, las actualizaciones salariales van a formar parte del pliego de condiciones de la nueva licitación, por lo que los trabajadores no alcanzan a comprender las “las dificultades para llegar a un acuerdo de convenio satisfactorio con el grupo que gestiona el servicio, y que las negociaciones del convenio para 125 trabajadores se dilate mas de 24 meses sin llegar a avances significativos”. Inciden desde el comité de empresa en pedir “disculpas a los usuarios del servicio, por los trastornos que esta huelga poda ocasionar” , y al mismo tiempo apelan a la solidaridad, para mejorar “las condiciones de los trabajadores, que sin duda repercutirán en la mejora de la movilidad”. Prevén además movilizaciones periódicas delante del Concello.
