Un cazador y el responsable de la batida se sentarán en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Ourense, esta próxima semana, por un presunto delito de homicidio imprudente, por la muerte de un compañero que, el 19 de enero de 2020, falleció a causa de un disparo que el cazador acusado efectuó –según la Fiscalía– con una escopeta cuando iba a ayudar a recoger a los perros y a rematar a un jabalí herido, en San Xoán de Río.

Un proyectil impactó en la víctima, que tenía esposa e hija. El fiscal solicita 2 años de prisión para cada uno de los encausados, así como la privación del derecho a tener y portar armas durante 5 y 4 años, respectivamente. Pide una indemnización para la viuda y la hija de más de 157.000 euros. Las defensas solicitan la libre absolución, niegan una omisión de la seguridad y consideran que los hechos fueron un accidente.

En la batida participaron 15 cazadores. La Fiscalía sostiene que los encausados infringieron varias normas de seguridad. Acusa al cazador de efectuar los disparos “fuera del puesto asignado en la batida, sin conocer la posición de los compañeros”, adentrándose en una zona de adiestramiento de perros y aves de cetrería “en la que está prohibida la caza”.

Con respecto al responsable de la batida, el ministerio público afirma que tenía la obligación de adoptar las medidas de seguridad y colocación, así como de “dar las debidas instrucciones” a los cazadores. La Fiscalía considera que “infringió estos deberes de cuidado” al ordenar a 5 participantes –él, el otro acusado y la víctima, entre ellos– que fueran a la zona de adiestramiento a recoger los perros que allí se adentraron, y a abatir al jabalí herido.

“Sabía que los cazadores podían hacer fuego fuera del puesto que tenían asignado para la actividad de caza”, ordenando presuntamente recoger los perros y abatir al jabalí en una zona “donde está prohibida la caza”, subraya la Fiscalía.

Argumentos de las defensas

La defensa de este acusado sostiene que se acordó ir al lugar del disparo fatídico para buscar a los perros y rematar a la pieza herida, cumpliendo las “buenas prácticas” de recuperar cuanto antes a los canes y dar “una muerte rápida” a las piezas heridas. “El desgraciado accidente”, dice esta parte en su escrito, ocurrió “al haberse desplazado el fallecido, tras oír el primer disparo”, de una posición a un cortafuego, “a buen seguro” creyendo que el cazador acusado ya había abatido al jabalí, “acercándose al lugar para ayudar a sacarlo”. Añade que el organizador no puede ser responsable de que no sigan sus instrucciones o se efectúen disparos que no abatan las piezas o en una trayectoria “que resultaría fatal”.

La defensa del autor del disparo alega que el grupo de cazadores se adentraron para matar al jabalí herido, o reducirlo, “no para seguir cazando, y así evitar males mayores”. Lo hicieron, añade, “cumpliendo las órdenes que acertadamente” dio el responsable de la batida. Esta parte señala que fue el fallecido el que se movió de su lugar, sin comunicarlo, y que el acusado no podía saber su paradero.