Los policías Antonio Pousa García (Ourense, 1970) y Roberto González Rodríguez (Corbillón, A Merca, 1982) son los responsables en esta provincia y en Galicia, respectivamente, del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la comisaría ourensana, en la que prestan su servicio unos 200 agentes.
Ambos están destinados en Seguridad Ciudadana –Pousa ingresó en la Policía Nacional en 1991, González en el 2002– y los dos desempeñan desde 2014 sus cargos como secretarios generales en Ourense y en Galicia del SUP. Además, Roberto González es vocal del Consejo de Policía desde el año 2019.
– En mayo, el Gobierno contestaba al PP de Ourense que la comisaría provincial cuenta con 155 chalecos de protección individual. ¿Consideran que es un número suficiente? ¿Hay alguna carencia de medios?
– El número es insuficiente desde el momento en el que todos los funcionarios no disponen de la dotación individual de chaleco de autoprotección, que asegure su integridad física ante un ataque violento. Todo policía que sale de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, al finalizar su periodo formativo, debería salir no solo con su arma y su defensa reglamentaria, sino también con su chaleco de protección, su casco y su funda antihurto para el arma.
Seguimos esperando la dotación de las defensas extensibles y de los dispositivos inmovilizadores eléctricos Taser, con los cursos de formación correspondientes para su uso. La pistola Taser nos parece una herramienta necesaria y eficaz a la hora de enfrentarnos a personas excesivamente violentas o perturbadas que ponen en riesgo la integridad física, tanto de los policías como de terceras personas.
A nivel local, seguimos esperando que se dote a la comisaría de Ourense de las furgonetas específicas habilitadas para el subgrupo de UPR. Los vehículos utilizados actualmente no están adaptados a las funciones que tienen encomendadas, especialmente en lo que a mantenimiento y restablecimiento de orden público se refiere. También hemos solicitado vehículos rotulados con habitáculo para traslado de detenidos, que pueda ser ocupado por más de dos policías.
– ¿En qué situación se encuentra el déficit de la plantilla, ha mejorado después del concurso de traslados y de la incorporación de los policías en prácticas? ¿Contamos este verano con policías suficientes para cubrir servicios y patrullas el fin de semana?
– La situación actual de ocupación del catálogo de puestos de trabajo (CPT) en la comisaría de Ourense es aceptable, debido a las incorporaciones de los últimos tres años, ahora bien, debemos partir de la premisa de que el actual CPT está obsoleto y no se corresponde con la realidad habitacional y delincuencial, ni con las necesidades operativas de la ciudad de Ourense. Como ejemplo, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) cuenta con un catálogo de 5 policías para cubrir el desempeño de sus funciones las 24 horas del día los 365 días del año, por lo que ha sido necesario detraer personal catalogado para otros puestos de trabajo, al objeto de poder cubrir el servicio con un mínimo de garantías.
A todo lo anterior debemos añadir el disfrute de las vacaciones reglamentarias de los funcionarios, lo que supone la detracción de al menos un tercio del personal durante los meses de la época estival. La carencia de efectivos durante los fines de semana se produce de manera ordinaria durante todo el año, si bien durante el periodo vacacional se incrementa por estas cuestiones.
La mayor carga de trabajo operativo y burocrático se produce los días hábiles, por ello el mayor número de efectivos trabaja en una modalidad de jornada laboral adaptada a esas necesidades. Por otro lado, y como en cualquier empresa pública o privada, los días festivos y los fines de semana trabajados deben ser remunerados de manera extraordinaria.
En el caso de la Policía Nacional, casi siempre, o la mayoría de las veces, la prestación de esos servicios se compensa con días libres por falta de una partida presupuestaria para abonarlos. La consecuencia de ese método es que esos funcionarios disfrutan de los días de compensación en la jornada de trabajo ordinaria, con lo que estamos vistiendo un santo para desvestir a otro.
Desde el SUP, y a iniciativa de los policías, llevamos meses presentando propuestas de turnos de trabajo para, en la medida de lo posible, paliar ese déficit de personal existente los días festivos y los fines de semana, sin coste económico para la administración, pero el comisario jefe provincial no ha tenido a bien, hasta el momento, ponerlo en funcionamiento.
– ¿Qué les parecen los operativos de coordinación con Policía Local y Unidad Adscrita, de cara a la prevención de altercados y botellones durante las noches de ocio nocturno?
– Es de agradecer y reconocer la predisposición y la colaboración de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en la causa, ahora bien, cuando hablamos de prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público, se debe actuar con la fuerza mínima imprescindible que cuente con la formación y los medios adecuados para ello, tal y como establece la normativa vigente al respecto. El trabajo durante los primeros meses del COVID junto a la Unidad de Policía Adscrita, a disposición de la Sala del 091, puso de manifiesto el gran compañerismo y hermandad que existe entre ambos cuerpos. En cuanto a la Policía Local, destacamos las buenas relaciones entre las dotaciones, aunque la coordinación es mejorable, puesto que en algunos requerimientos, como violencia de género, incendios forestales o relacionados con el orden público se duplican recursos, innecesariamente. La falta de liderazgo institucional del jefe provincial de la comisaría no ayuda a mejorar esta situación, que se arrastra desde hace años y que también lastra las relaciones con el cuerpo de la Guardia Civil. A nivel de base, el ambiente laboral y la colaboración son óptimos.
– ¿Existe alguna figura o figuras delictivas que hayan repuntado en estos últimos meses?
– Contamos con un clásico del verano ourensano, que no es otro que el robo con fuerza en domicilios, debido al desplazamiento de los ourensanos a otros lugares residenciales estivales. Otro tipo delictivo que lleva una línea ascendente en los últimos años es el relacionado con los delitos tecnológicos. Faltan medios humanos, materiales y formación específica de manera continuada.
Estamos observando una mayor agresividad en las intervenciones: el ciudadano está en muchos casos al límite, lo que nos obliga a lidiar con situaciones complicadas. Una de las actuaciones que se han multiplicado son las relacionadas con los suicidios. Los meses de julio y agosto están arrojando cifras preocupantes que deben analizar las autoridades para promocionar la salud mental de la ciudadanía y reducir los casos.
– La UPR fue la última unidad de nueva creación en la comisaría de Ourense. ¿Consideran necesario disponer de algún grupo nuevo? ¿Está bien estructurada la actual organización de brigadas y unidades para responder a la criminalidad?
– Con respecto a la UPR, la unidad está incompleta. Está formada por diez funcionarios. Para completar el subgrupo se necesita un policía más en el catálogo. La falta de compromiso del actual comisario, lejos de incrementar la dotación hasta los 30 efectivos que componen un grupo operativo ha puesto en riesgo su continuidad.
Respecto a la estructuración de brigadas, viene regulada normativamente en la distribución estructural central y periférica, por lo que poco o nada se puede cambiar. Respecto a la organización de cada brigada y de los grupos que las componen, básicamente obedecen a la organización generalizada en cualquier otra comisaría provincial.
Quizás donde haya un mayor margen de implementación de grupos por especificidades sea en la Brigada de Policía Judicial. Atendiendo al volumen de determinados tipos delictivos se hace necesario estructurarla de manera especifica. Por ejemplo, la Unidad de Delitos Tecnológicos, dependiente de UDEV.
– ¿Cómo está el ánimo de la plantilla ante el número aparentemente alto de expedientes desde que el comisario Juan Carlos Blázquez es el jefe?
– Como dice el refranero español “donde hubo fuego cenizas quedan”. Ha sido algo desproporcionado e innecesario el récord de expedientes disciplinarios tramitados en los últimos tres años en la comisaría provincial de Ourense, y así lo constata la resolución de la mayoría de ellos, donde los funcionarios han sido exonerados o simplemente apercibidos.
Así se lo hicimos saber al señor comisario jefe provincial, en varias reuniones mantenidas al respecto. Utilizar el recurso del régimen disciplinario de manera recurrente para solventar ciertos asuntos no deja de ser un fracaso en la gestión cotidiana.
La comisaría trabaja muy bien. Cuenta con buenos profesionales que trabajan a destajo para garantizar la seguridad ciudadana e investigar los delitos, y no se merecen un responsable provincial como este, que ha sumido a la Policía Nacional en una importante crisis institucional. Nada ha hecho para frenar el traslado de la Sala CIMACC 091 a la Jefatura Superior de A Coruña, no respalda a los subordinados y persigue la actividad sindical utilizando la Unidad de Régimen Disciplinario, desmesuradamente. Más de treinta funcionarios de esta comisaría pueden dar cuenta de ello.
“Es necesario promover la salud mental en la Policía por los horarios, el estrés diario y la carga emocional”
– ¿Ha supuesto una carga psicológica mayor tener que ejercer como policía en tiempos de pandemia; hacer frente a la criminalidad pero también al control de las restricciones, con el efecto personal que sufren los propios agentes, como cualquier ciudadano?
– Ejercer la labor de agente de la autoridad ha sido, es y será siempre compleja, no solo por la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, sino también por tener que “luchar también contra los elementos”, que diría aquel.
Nuestra labor y responsabilidad se han visto incrementadas de manera exponencial durante esta maldita pandemia. No solo a nivel profesional, con la declaración de un decreto de estado de alarma de por medio, con continuos y numerosos cambios normativos, y con la inseguridad jurídica a la que nos veíamos sometidos en algunas actuaciones, sino también a la carga emocional vivida en ciertas actuaciones del ámbito familiar, una consecuencia en gran medida del largo y duro periodo de confinamiento. También en el aspecto personal y familiar, porque además de funcionarios con vocación de servicio público, somos ciudadanos, hijos, padres, cónyuges con familias a cargo y temerosos de poder contagiarnos y de contagiar a nuestros familiares.
– ¿Creen que la parcela de la salud mental se cuida lo suficiente en las fuerzas de seguridad del Estado?
A la salud mental, de manera generalizada, no se le dan ni la atención ni los medios necesarios que requiere una parcela tan compleja y desconocida del ser humano. En el caso de los policías, por los horarios y las jornadas laborales realizadas, por el estrés al que nos vemos sometidos diariamente en los servicios realizados, y por la carga emocional de determinadas situaciones vividas, se hace más necesario, si cabe, esa promoción y control de la salud mental que desde ViveCNP tratamos de impulsar.
