El Concello de Ourense ha impuesto una sanción de 41.128,80 euros a un contribuyente muy especial, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. El motivo: no estar de alta en los correspondientes apartados del Impuesto de Actividades Económicas IAE.
Pero por ahora esta Sociedad Estatal no tendrá que pagar sus impuestos al Concello. Un auto del Juzgado de lo Contencioso número 21 de Ourense suspende cautelarmente el acuerdo de sanción tributaria a Correos, por no estar de alta en los correspondientes epígrafes del IAE. Reconoce que “aunque la doctrina jurisprudencial viene siendo reacia a conceder la suspensión cautelar de las sanciones de multa”. por cuestiones de “prevención general y ejemplaridad”
El auto considera que este planteamiento general se “se exceptúa para aquellos casos en que la cantidad o importe de la sanción se revela singularmente elevado por comparación con las circunstancias personales del sancionado, hasta el punto de que puede racionalmente concluirse que su inmediata ejecutividad le ocasionaría un importante quebranto patrimonial” en este caso a toda una Sociedad Estatal.
Por esto partiendo de que Correos “ha acordado la suspensión en vía administrativa y que no ha formulado oposición a la petición efectuada”, el juez considera que “la sanción no se ejecute y cobre hasta que haya resolución judicial firme.”.El Concello aún puede recurrir este auto.
Indemnizaciones por caídas
Además, en la junta de gobierno del Concello se abordaron otros dos temas habituales, las denuncias de ciudadanos que piden indemnización por una caída en la vía pública a causa de algún elemento municipal. En la primera de las sentencias por reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas por caídas en la calle, a un particular que reclamaba 6.602 euros por las lesiones sufridas a al ser alanzado por la subida de un bolardo en calle Santo Domingo, el Juzgado le reconoce 5.756 euros de indemnización. A otro peatón que denunció por las lesiones tras caerse en calle Xoán de Nóvoa con Bierzo, y que solicitaba 11.587 euros por las secuelas, el Concello tendrá que pagarle 6.000 euros.