El caso de los altavoces, con el que la exedil del PSOE Áurea Soto contraatacó a la sucesión de querellas contra el anterior gobierno local, sitúa más cerca del banquillo a un exconcejal del PP, Aurelio Gómez Villar. Tras dos órdenes de reapertura de la Audiencia Provincial, el juez del caso ha dictado el auto que pone fin a las diligencias previas de investigación. El magistrado considera ahora que hay "indicios suficientes" de prevaricación cometidos presuntamente por quien era edil de Comercio cuando el Concello de Ourense adquirió en 2006 295 altavoces al establecimiento familiar de Gonzalo Pérez Jácome, que aún no era edil. El auto notificado ayer supone la imputación formal de Gómez Villar. El juez da 10 días al fiscal para que formule acusación o solicite el archivo. Hasta la fecha, el ministerio público no ha apreciado delito. En el mismo trámite se manifestará la acusación particular, que ejerce la exedil socialista de Urbanismo (denunció en marzo de 2014).

El juez Doval califica como hechos punibles que la junta de gobierno local del Concello de Ourense aprobara el 26 de octubre de 2006 a aprobar la compra de los altavoces, "a instancia" de Gómez Vilar. Se hizo "fuera del orden del día y previa declaración de urgencia. El pago de la factura, de 61.700 euros, se enmarcaba dentro de un proyecto para sonorizar las calles del "Centro Comercial Abierto". Los equipos nunca se instalaron.

Tal y como informó el interventor, la adjudicación "no fue sometida previamente a procedimiento de contratación pública por concurso o procedimiento negociado con publicidad. En la fecha de adopción del acuerdo no existía consignación de crédito ni autorización de pago", subraya el auto. El magistrado también destaca que "el material adquirido fue suministrado por la empresa, sin que llegase a instalarse efectivamente". El mismo juez que archivó dos veces -llegó a declarar prescrita la prevaricación- reabre e imputa formalmente a Gómez Villar -actual asesor de Cultura en la Diputación y, hasta hace poco, presidente de la Federación de Comercio-, basándose "en el expediente administrativo, la documental aportada y las testificales practicadas, a tenor de los razonamientos que se contienen en el auto de la Audiencia". La Sala emplazó a dirimir en el juicio, y no antes, si Villar quería cometer la infracción administrativa en esta compra, es decir, si prevaricó.

El auto admite recurso y la defensa lo ejercerá para pedir más documentación -como la solicitud de ofertas- que, a su entender, probarán que sí existió expediente de contratación. Esta parte sostiene que en la época posterior, con el bipartito PSOE-BNG al mando desde 2007, se contrataba igual.

Soto pidió que la imputación se extendiera a todos los integrantes de la junta de gobierno local que, con el exalcalde Manuel Cabezas (PP) al frente, aprobó la factura. También la de Gonzalo Jácome. El magistrado rechazó esa posibilidad hace varios meses.