El joven que sembró el pánico en un súper de Ourense con 6 disparos de escopeta, Carlos E. G. I. , de 35 años, continúa en el módulo de reclusos del hospital, bajo examen psiquiátrico. El juez ordenó su ingreso el 13 de enero para que fuera diagnosticado y estabilizado antes de su entrada en la cárcel. El asaltante, con un trastorno psicótico, tiene la condición de preso preventivo. Su abogado presentó ayer un recurso de apelación, dirigido a la Audiencia Provincial. Defiende que no hay motivos para que se aplique una medida cautelar tan restrictiva y entiende que no es lo más adecuado por la situación del joven. No se opuso a que el joven fuera diagnosticado en el CHUO pero sí a la prisión. Solicita la puesta del investigado en libertad vigilada, con un tratamiento psiquiátrico externo. En el caso de que la Audiencia mantenga la medida privativa de libertad, el letrado solicita que la estancia del joven sea en un centro especializado, no en una prisión.

El letrado, Javier González Sánchez, del despacho Atrio Abad Abogados de Ourense, basa sus argumentos en tres puntos fundamentales. En primer lugar, discute los tipos delictivos que el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, atribuyó al detenido. Para dictar prisión preventiva es requisito que el investigado se enfrente a 2 o más años de condena. Los delitos atribuidos provisionalmente a Carlos E. G. I. podrían sumar hasta 12 años y medio de prisión, según el auto. Por robo con intimidación, entre 2 y 5 años. Por atentado a la autoridad, de 6 meses a 3 años de cárcel. Por un delito de tenencia ilícita de armas, de 6 meses a 1 año. Hasta 6 meses por desorden público y un máximo de 3 por daños. Pero la defensa asegura que no hubo atraco -Mercadona lo descartó, de hecho-, y si acaso habría sido un delito intentado, no consumado (tenía 1.200 euros en el bolsillo). Ninguno de los delitos restantes, interpreta el abogado, sumaría más de 2 años.

El juez decretó prisión atendiendo al riesgo de que Carlos E. G. I. reincidiera; "no sería de extrañar", según el auto. El letrado cree que podría evitarse con una medida cautelar menos lesiva, como una pulsera telemática.