El saldo a favor y en contra de las investigaciones llevadas a cabo por el juez decano de Ourense contra la exedil Áurea Soto se va equilibrando. Leonardo Álvarez la procesó por la legalización del complejo urbanístico de la Plaza de San Antonio y, sin esperar a su absolución en firme, la exconcejal del PSdeG registró una querella contra el magistrado, acusándolo de llegar a falsificar un auto y de omitir resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza, con el supuesto objetivo de hundir su imagen y llevarla a juicio, para que tuviera que dimitir, como así ocurrió en enero de 2015.

Tres casos relacionados con la exedil Áurea Soto continuaban en manos del juez en el momento en que fue denunciad por ella en el TSXG, el pasado mes de marzo. El magistrado no vio motivos para apartarse de los asuntos vinculados a la exconcejal, mientras que ahora está obligado después de que la querella fuera admitido a trámite. Es el motivo por el que la reapertura de la investigación por parte de la Audiencia sobre un supuesto trato de favor a promotores en la época de los gobiernos de Manuel Cabezas (PP), por no exigir la cesión al patrimonio público de al menos el 10% de suelo de los proyectos privados, será continuada por uno de los otros dos jueces instructores de la ciudad de As Burgas. En esta causa, Áurea Soto ejerce la acusación particular. Llevó una supuesta malversación de 1,6 millones al juzgado, en 2014, como contraataque al goteo de denuncias en su contra que padeció estando en el cargo. El asunto tocó a Instrucción 1, de Leonardo Álvarez, quien declaró la prescripción. La Audiencia la vio "prematura" y ordenó reabrir.

Además de procesarla por la Plaza San Antonio, el juez tuvo a Soto investigada por el derribo del muro de matadero. En marzo, solo unos días después de la querella, archivó provisionalmente por tercera vez. En cambio, a finales de junio, el juez abrió juicio oral contra Soto y otros 5 excargos del bipartito por 5 contratos de asistencias técnicas.