Una de las causas penales contra anteriores gobiernos de Ourense llevará a juicio a 6 expolíticos de PSOE y BNG. El denominado caso de las asistencias técnicas -contratos externos por dicho procedimiento para apuntalar el área de rehabilitación- se abrió en el año 2013. La instrucción se demoró entre citaciones, desimputaciones y recursos. El procedimiento se resolverá de aquí a unos meses en uno de los juzgados de lo Penal de Ourense. El magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, ha dictado auto de apertura de juicio por presunta prevaricación continuada contra antiguos cargos del gobierno municipal, todos ellos apartados de la política: dos son socialistas -el exalcalde Francisco Rodríguez, que gobernó durante 5 años, hasta la operación Pokemon) y la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto (2007-2015) -, y cuatro eran de la parcela nacionalista: los exediles o exdirectores xerales Fernando Varela, Xosé Carballido, Xosé Somoza e Iolanda Pérez, quienes llegaron a ser exculpados pero fueron reimputados a petición de la Fiscalía.
El ministerio público los acusa a todos de haber cometido una presunta prevaricación continuada. Sin excepción, la fiscal solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, lo que sería comprometedor para la mayoría, dado su ocupación como funcionarios y a que la solicitud se refiere "a todo empleo en la función pública en cualquiera de las administraciones públicas". Los investigados se quejan de que el escrito de calificación, hecho público el pasado diciembre a través de un medio de comunicación, aún no les ha sido notificado.
Un "centenar" de reparos
De la fase definitiva se ha librado el que, en el momento de los hechos, era responsable de Rehabilitación, Vivenda y PERI, José Manuel O. R. Sigue como trabajador de área al frente del servicio de Planeamiento y Gestión. El funcionario -el último imputado de la serie, en octubre de 2015, por no haber emitido informe en contra de las asistencias técnicas- ha sido exculpado por la Audiencia Provincial y no tendrá que sentarse en el banquillo. Fue el último en declarar en esta causa, cuando ya se había resuelto sobre la imputación de los políticos. La decisión de la Audiencia Provincial es de 2 de junio.
El auto de juicio oral contra los 6 expolíticos de PSdeG y BNG, por los mismos supuestos delitos de prevaricación continuada, lleva fecha de 20 de este mes. Es el trámite final del juzgado de Instrucción, antes de que los autos sean derivados al juzgado de lo Penal de Ourense para que se señale vista. La resolución, que no admite recurso, dará paso además al trámite de escritos de defensa, en el que cada investigado aducirá lo propio.
Llegaron a ser llamados a declarar hasta 11 exresponsables del gobierno bipartito de Ourense. Seis expolíticos tienen que ir a juicio por la contratación de 5 trabajadores externos; vínculos que se encadenaron a pesar de las objeciones del interventor. "Todas las facturas de los trabajadores contratados fueron objeto de reparo", subraya el magistrado. Fueron aproximadamente "un centenar", según uno de los autos de transformación en procedimiento abreviado.
Las irregularidades observadas por el fiscalizador se basaron en tres presuntas irregularidades: que los profesionales externos emplearan las instalaciones del Concello para desarrollar su actividad, que las prórrogas de contratos superaron la norma y por el fraude de ley que implica esta práctica laboral, al propiciar sentencias judiciales declarando laborales indefinidos a trabajadores ajenos.
Al exalcalde Francisco Rodríguez, el juez lo imputó definitivamente, según un auto de octubre de 2015, por "levantar una y otra vez" los reparos del interventor, "sin esgrimir en ningún momento una razón que justificase dicha actuación". En este caso también fue investigado y después absuelto el siguiente regidor, Agustín Fernández, una vez que "revirtió la situación poniendo fin a estos contratos". Tras el cese de esta práctica de personal, en 2013, los trabajadores afectados demandaron y la justicia declaró improcedentes sus despidos. El gobierno optó por readmitirlos.
Ya existían en los años 90
Los imputados negaron motivos de delito y alegaron la necesidad de las asistencias técnicas para atender las peticiones en el departamento de Rehabilitación, Vivienda y PERI. La exedil de Urbanismo, Áurea Soto (que acaba de ser absuelta en firme tras verse obligada a dimitir por el caso de la Plaza de San Antonio), recordó que esa figura contractual se venía produciendo en el Concello de Ourense desde los años 90.
En la instrucción, el magistrado Leonardo Álvarez se desdijo. En un primer auto, el juez limitó los cargos al exalcalde Francisco Rodríguez y a Soto. Luego se retractó y acabó volviendo a encausar, a petición de Fiscalía, a los cuatro ex del BNG y al funcionario, ahora absuelto.
Cuando se dio por finalizada la investigación, recursos aparte, el instructor apuntó a 4 indicios que, a su entender, probaban la comisión de un presunto delito de prevaricación: los numerosos reparos, los decretos del exalcalde levantándolos, las declaraciones de los trabajadores desvelando la vinculación estable y la versión del funcionario.
En la misma resolución, Álvarez remarcó que "obviamente el resultado de la gestión imputada es manifiestamente injusta y perjudicial para todas aquellas personas que pudiesen tener interés en desempeñar la actividad laboral que el personal contratado de forma irregular desempeñaba en el Ayuntamiento". El magistrado subrayó que otros aspirantes "no tuvieron acceso a dicha posibilidad al no abrirse el correspondiente concurso oposición, con el consiguiente descrédito para la administración pública".
