La sentencia del Juzgado contencioso Administrativo número 1 avala la decisión que adoptó en su momento el Concello del cambio de gestión, al pasar de compensación y cooperación al de expropiación de los terrenos en la zona de As Burgas, con lo que desestima el recurso presentado por los propietarios de una de las parcelas, que cuestione el procedimiento que se siguió.

Una sentencia que daba a conocer ayer el alcalde, Agustín Fernández, y que viene a refrendar el acuerdo adoptado por la Junta de gobierno Local en septiembre de 2013, ya que en la misma se plasma que fue "la más adecuada y racional para llevar a la práctica la ordenación establecida en el planeamiento pormenorizado aprobado", en referencia al Plan Especial para As Burgas.

La resolución judicial considera motivada y justificada la decisión municipal de modificar el sistema de actuación, fundamentada en cuatro puntos: La naturaleza singular y excepcional desde una triple perspectiva: urbanística, de patrimonio cultural -cuenta con la declaración de BIC- y ambiental, que requiere de una urgente y prioritaria intervención de la iniciativa pública.

También ratifica el carácter estratégico y urgente para el futuro de la ciudad, junto con la complejidad topográfica del ámbito, así como la ordenación de los volúmenes y usos urbanísticos, y la propia estructura de la propiedad, ya que ninguno de los propietarios particulares -entre los que se encuentran los recurrentes- disponen de la edificabilidad suficiente para alcanzar el 15% de parcela mínima edificable.

Iniciativa pública

Para el alcalde, la sentencia es un "monumento en defensa de la iniciativa pública" frente a la reclamación, que entiende legítima, de unos propietarios que aseguran "defienden intereses particulares y especulativos". Para Fernández, la respuesta del juez "es clara y contundente, y coloca a cada uno en sus sitio".

Arremetió contra los argumentos que esgrimió en el recurso presentado por el letrado de los propietarios del terreno, al señalar que el planteamiento realizado por el Concello "es una expropiación chavista, que no se puede dar en un estado de derecho". Unas afirmaciones que para el regidor no se ajustan a la realidad, como así lo pone de manifiesto el magistrado en su sentencia.

Por lo que queda claro que el cambio de sistema aprobado por el Concello se ajusta a la normativa vigente en materia de suelo, lo que llevó al juzgado a desestimar íntegramente el recurso condenando en costas a los demandantes que deberán abonar al Concello los honorarios de abogados del litigo.

Sobre esta cuestión, el letrado de los propietarios de los terrenos anunció la intención de recurrir la sentencia del Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y sostiene los términos del recurso que presentó en su momento después de que se aprobase el proceso de expropiación.