El alcalde rehusa ver un "balón de oxígeno" en el aplazamiento por parte del TSXG de un veredicto sobre la ordenación provisional que sostiene el urbanismo de Ourense, mínimamente, a falta de un plan estable. Jesús Vázquez apremió ayer a dotarse "cuanto antes" de un PXOM que despeje la inseguridad jurídica y aliente inversiones. Tras observar el Superior una posible inconstitucionalidad de la ley urbanística gallega, el proceso relativo a Ourense se ha suspendido para que la Fiscalía, el Concello y los 9 demandantes muestren su parecer. La resolución de fondo, por lo tanto, tardará más. El Concello defenderá que la ley autonómica aplicada para sacar adelante la ordenación provisional de Ourense no entra en conflicto con la obligada exposición al público que establece la ley estatal, algo que pone en duda el Tribunal Superior. "La asesoría jurídica municipal se pondrá en marcha; defendemos la constitucionalidad y entendemos que las normas son perfectamente legales y acordes al ordenamiento jurídico", resumía ayer al regidor.
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El ayuntamiento ve precedentes a su favor, en los que la Xunta también omitió la exposición pública y la posibilidad de audiencia. Así sucedió en Barreiros y O Grove. En el primer caso, el TSXG desestimó un recurso de una promotora. A los demandantes contra la ordenación provisional de Ourense les llama la atención que el Superior observe ahora una posible inconstitucionalidad en el artículo 96 de la ley gallega 9/2002 y no hubiera reparado en pleitos anteriores. A la Asociación de Fincas Urbanas, uno de los 9 litigantes, le causa "una sorpresa increíble" la inesperada apreciación del TSXG.
La nueva vía judicial ralentiza la resolución del caso y minimiza, por tanto, el riesgo de que Ourense vuelva a verse abocada a un limbo jurídico por la falta de un sostén legal actualizado, como sucedió durante unos meses de 2011, entre la anulación del PXOM 2003 por parte del Supremo y la aprobación en Consello de la Xunta de las ordenación provisional, que incluyó 15 ámbitos de iniciativa privada junto a una selección de 16 proyectos públicos de interés general, como el nuevo edificio judicial, la ampliación del CHUO o los centros de salud de O Couto y O Vinteún.
Para el alcalde, la "obligación" es apurar un nuevo PXOM para protegerse frente a "sorpresas no deseables" por resoluciones judiciales. Vázquez opta por no definir plazos, pero confía en que Ourense disponga de un marco urbanístico estable "antes de 2017".
La política pesará tanto como las cuestiones técnicas y jurídicas. Porque el PP, con 10 ediles de 27, no se basta para poder aprobar el PXOM. "Habrá una negociación muy intensa con los grupos", asume Jesús Vázquez. El ejecutivo necesita apoyos de DO o del PSOE, con el número de concejales suficiente para una mayoría absoluta. El gobierno se mentaliza para recabar adhesiones en la oposición.
Los martes tienen lugar las juntas de área de Urbanismo y el responsable, José Cudeiro, ya ha adelantado en las últimas reuniones el propósito de configurar una comisión de trabajo, con la presencia de todos los grupos políticos y con el PXOM como cuestión monográfica. A diferencia del regidor, el edil sí reconoce que el planteamiento de una posible inconstitucionalidad en el pleito de la ordenación subsidiaria "puede hacernos ganar 4, 5 o 6 meses", si finalmente el TSXG eleva una cuestión al Tribunal Constitucional y este responde denegando la admisión a trámite.
Con este marco, "tenemos que agilizar la tramitación del plan y obtener el consenso con los grupos políticos de la oposición", admite el concejal. Las 5.800 alegaciones al contestado plan urbanístico ya han sido informadas, pero los técnicos del Concello deben pulir detalles con el equipo redactor. Según Cudeiro, "en 20 o 25 días podremos empezar las conversaciones con la oposición para ver si llegamos a un consenso".
El concejal entiende que el nuevo plan podría estar listo incluso "en julio de 2016". Para ello confía en la buena sintonía con instituciones del mismo color político que, como la Confederación o la Xunta, deben emitir informes preceptivos. Con tanta premura, Cudeiro no ve encaje para una segunda exposición al púbico, como demandan Ourense en Común y anteriormente el BNG. "Supondría un retraso de 8 o 9 meses".