USO y CIG, los dos sindicatos mayoritarios en la junta de personal del Concello que denunciaron en un escrito común una posible prevaricación y el supuesto mal uso de fondos públicos por la conversión en fijos de personal ajeno al servicio de la edil de Urbanismo, han quedado al margen de la causa en la que el titular de Instrucción Uno de Ourense, Leonardo Álvarez, averigua si las contrataciones mediante asistencias técnicas fueron delictivas. El magistrado ha decidido que las dos centrales denunciantes, cuyos representantes fueron citados al inicio del procedimiento para que se personaran con abogado, queden relegados del proceso.
Funcionarios imputados
La Fiscalía pidió esa medida en un escrito de finales de febrero. Admitía la legitimidad de los denunciantes para ejercer la acción popular pero fijó como necesario la fianza. CIG y USO recurrirán a la Audiencia al verse competentes como defensores de los derechos laborales y como representantes de los trabajadores. De momento, el juez ha citado en calidad de imputados a 5 funcionarios de Urbanismo. Indaga si conocían que su ingreso en plantilla se fraguó con fraude de ley, pues todos presentaron demanda laboral y acabaron siendo readmitidos. Según los sindicatos, con salario y categoría superiores. Fueron denunciados -con ese estatus siguen- el alcalde, la edil de Urbanismo y la directora xeral de Personal.
Tras su declaración de ayer, Áurea Soto calificó de "llamativo" el aluvión de imputaciones y aludió a uno de los sindicalistas denunciantes en las asistencias técnicas, José Javier García Gago, representante de CIG y funcionario jurídico. Su petición para compaginar su labor con la docencia escenificó la ruptura del PSOE en Ourense, con el plante en pleno de los pachistas. "Como le impedimos saltarse la ley y que tuviera un doble trabajo, entonces ha respondido denunciándonos en los tribunales". Gago, dejó caer Soto, "fue jefe de servicio de personal en los 12 anos del PP".
