Esta ley, la Ley Orgánica de Protección de la infancia y la adolescencia, como toda obra humana, ni es perfecta ni exige la adhesión incondicional. La violencia contra los menores es una cuestión de extrema gravedad que condiciona el desarrollo vital de quienes la padecen. Esa es una constatación científica como lo es que el bloqueo emocional y el afán de supervivencia lleva a los menores a ocultar el daño que les causan los mayores. De ahí las demandas para aumentar el plazo de prescripción o la adopción de medidas procesales que permitan a los menores declarar en un juicio con las máximas garantías. Hay otras cuestiones en la ley que deben ser discutidas, pero la política democrática favorece, precisamente, el acuerdo y la transacción para trabajar, una vez aprobadas las normas, en la mejora de su aplicación. Ahora habrá que trabajar en la dotación presupuestaria, porque sin eso, la ley corre el riesgo de quedarse en una buena declaración de intenciones.
