Una semana horrible

Lejos de parecerse a una buena semana para el Gobierno, esta puede que haya sido una de las peores viniendo, además, como se viene, del varapalo electoral gallego. No resulta difícil explicarlo: el llamado “caso Koldo” empieza a ramificarse peligrosamente con nuevas revelaciones de la investigación que lleva a cabo la UCO. Francina Armengol, tercera autoridad del Estado como presidenta del Congreso, se ha convertido en la penúltima protagonista del escándalo de las mascarillas inservibles compradas por el Gobierno balear, durante su mandato, a la empresa vinculada al hombre de confianza del exministro Ábalos. Armengol no se ocupó durante tres años de pedir a la empresa la devolución del dinero que el Govern derrochó: 3,7 millones de euros por más de 1.300 cajas de un material que permaneció hasta su caducidad en un almacén. Todo ello después de haberse servido de fondos de la UE. El asunto es endiabladamente comprometido y por el cargo que ocupa debería dimitir ipso facto ofreciendo más de una explicación.

Otro contratiempo se lo están brindado al Gobierno los jueces de la sala del Tribunal Supremo, que unánimemente han decidido encausar a Puigdemont por terrorismo, cuando Sánchez y el prófugo de Waterloo se disponían, presumiblemente, a alcanzar el acuerdo definitivo para una amnistía a la carta. Ello supone, en cualquier caso, volver a retocar la ley, ya que el perdón no blinda a terroristas investigados. Alguien puede percibir que la decisión de los cinco magistrados que ven indicios de terrorismo en Puigdemont, por ser supuestamente la mano que dirigía Tsunami Democràtic, no coincide con la del fiscal jefe del Estado ni con la de la teniente fiscal, autora del informe para evitar la imputación del huido y facilitar el tránsito de la ley. Aunque sí encaja con la de once de los quince fiscales, partidarios de la imputación. En último caso es el Supremo el que decide, y Sánchez quien tiene que avanzar o retroceder en el blindaje de Puigdemont, prisionero como es de su voluntad.