El necesario control de las bebidas energéticas

Prohibir es una palabra que goza de mala prensa y de una dudosa reputación social. Es un término estigmatizado por su difícil, en no pocas ocasiones imposible, relación con un valor sagrado: la libertad. Con demasiada frecuencia, la prohibición se percibe como una limitación intolerable de nuestra libertad de acción, de nuestra toma de decisiones. Como la imposición de una suerte de tutela pública que trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad, incapaces de saber qué está bien y qué mal. Sin embargo, como nos recuerda el filósofo José Antonio Marina, “todo ejercicio de un derecho lleva aparejado la prohibición de su contrario”. Pese a ello, gran parte de nuestra sociedad es todavía heredera de la proclama anarquista que se hizo famosa en el año 1968: prohibido prohibir.

La decisión de la Consellería de Sanidade, adelantada por FARO, de prohibir a partir del próximo año el consumo de bebidas energéticas entre los menores ha reavivado un debate que tiene más que ver con principios o formas personales de ver las cosas que con la salud o la ciencia. Porque el argumentario que exponen los expertos sanitarios tiene un peso difícilmente rebatible.

Existe una coincidencia científica general en que en la composición de las bebidas energéticas hay una gran cantidad de azúcares añadidos, además de cafeína que suele ir acompañada de otros psicoestimulantes como la taurina. Este cóctel provoca unos efectos claramente nocivos: alteración del sueño, irritabilidad, insomnio, fatiga, problemas de concentración, temblor de manos e incluso ansiedad. Y la calidad de sueño, a su vez, tiene una relación directa con la obesidad y las enfermedades metabólicas como la hipertensión o el hipercolesterol. En palabras de médicos y nutricionistas, sin control son bombas de relojería, ya no digamos si se mezclan con alcohol.

Si a todos estos factores le añadimos el de que los menores son un colectivo especialmente vulnerable porque están en fase de formación, parece sensato que las administraciones adopten medidas de especial protección. Especialmente cuando los informes del Ministerio de Sanidad nos advierten que cuatro de cada diez alumnos de Secundaria declaran que consumen bebidas energéticas de forma habitual. Y este porcentaje no para de crecer, entre otras razones porque la oferta de este tipo de bebidas es cada vez mayor y su presentación en sociedad es más atractiva para nuestros jóvenes al vincularla con un estilo de vida alternativo –pensemos, por ejemplo, en los deportes llamados urbanos– o porque en las campañas publicitarias se vincula su ingesta con el incremento de la resistencia física o una inyección extra de energía y estimulación.

Los adolescentes que consumen bebidas energéticas se disparan en tres años: rozan los 40.000

La Xunta será la primera comunidad autónoma que legisle sobre el asunto, poniendo coto al acceso para los menores. Llama la atención que el Ministerio de Consumo, tan sensible en otras materias de menor enjundia, guarde un silencio tan sorprendente sobre el consumo de las bebidas energéticas pese a las evidencias científicas y a poseer informes de alerta, como el que publicó hace unos meses la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el que, entre otras advertencias, se podía leer: “El consumo de más de 60 miligramos de cafeína en adolescentes de 11 a 17 años puede provocar alteraciones del sueño. A partir de 160 miligramos de cafeína, puede provocar efectos adversos generales para la salud: efectos psicológicos y alteraciones comportamentales y trastornos cardiovasculares”. Recordemos que la lata de 330 mililitros suele tener 105,6 miligramos de cafeína y las de medio litro 160 miligramos.

La decisión de la Consellería de Sanidade ha encontrado el aplauso general del ámbito sanitario, hasta el punto que otras comunidades parece que han tomado nota. Sin embargo, en otros foros, que encuentran su canal en las redes sociales, han surgido voces en contra, digámoslo así, de la manía de las administraciones de prohibir. Algunos pediatras y padres se muestran críticos con la prohibición y defienden que las administraciones se dediquen a informar y que se deje en manos de los padres la educación sobre alimentación saludable de sus hijos.

"La información, la pedagogía y el rol que tienen que jugar los padres en la formación de sus hijos -que es un derecho y también un deber- no quedan excluidos por la aprobación de la anunciada norma"

Frente a esta posición, que tiene que ver con ese anhelo sesentayochista del que hablábamos al principio de “prohibido prohibir”, la realidad de los hechos es tozuda y nos indica que las campañas de información pueden tener un efecto sensibilizador, pedagógico, en su fase inicial pero con el tiempo pierden su eficacia. Y la advertencia, por ejemplo, en las etiquetas de las bebidas tampoco parece el camino adecuado. Basta recorrer un supermercado para comprobar cuántos clientes las leen antes de comprar un artículo.

En todo caso, la información, la pedagogía y el rol que tienen que jugar los padres en la formación de sus hijos –que es su derecho, pero también su deber– no quedan en absoluto excluidas por la aprobación de la anunciada ley. Al contrario, bienvenidas sean para reforzar la necesidad de una alimentación saludable.

Pero de la misma forma que hoy apenas ninguna persona sensata pondría en tela de juicio que el alcohol –recordemos que hasta 2010 los jóvenes de 16 años podían comprar y beber cerveza de forma legal–, el tabaco o el juego estén vetados para los menores por sus indudables efectos perniciosos, las bebidas energéticas pasarán a formar parte de ese catálogo. Y esta es una decisión que entra de lleno en las competencias de las autoridades sanitarias gallegas, que han demostrado valentía al abrir una senda que otras comunidades –Valencia y País Vasco ya lo están analizando– a buen seguro acabarán por recorrer.