No resulta descabellado pensar que en poco tiempo veamos alterado el delito de malversación tal como se configura en la actualidad. La malversación esta directamente ligada a la corrupción. Se trata de un delito que solo puede cometerse por una autoridad o funcionario público y tiene lugar cuando estos sujetos alteran el patrimonio público llevando a cabo las actividades castigadas por el Código Penal. Está regulado en los artículos 432 a 435 del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración Pública.
El delito de malversación fue modificado con la reforma del Código Penal aprobada en 2015 con los votos del PP y el rechazo en bloque de la oposición. Hasta entonces, la malversación exigía que el dinero público desviado redundara en lucro propio o de terceros.
La actual regulación sanciona con penas de dos a seis años a “la autoridad o funcionario público” que incurriese en administración desleal sobre el patrimonio público, es decir, que cause un perjuicio a los fondos públicos teniendo facultad para administrarlos.
"La reforma del delito de malversación podría beneficiar al exdirigente socialista José Antonio Griñán"
Y las mismas condenas recoge para aquella autoridad o funcionario que incurra en el delito de apropiación indebida sobre el patrimonio público, es decir, que se apropie “para sí o para un tercero” de fondos públicos.
Según el Tribunal Supremo, la nueva redacción reprueba “la conducta de la autoridad o funcionario público encargado del patrimonio público que (...) causa un perjuicio al patrimonio administrado”, una modalidad “mucho más amplia” que la definida antes de la reforma y en la que –decía el Supremo– “caben actuaciones distintas de la mera sustracción tales como la asunción indebida de obligaciones”.
Una reforma del delito de malversación podría beneficiar tanto a los líderes independentistas juzgados, procesados o huidos por la causa del procés como al exdirigente socialista José Antonio Griñán. Del primer grupo, Junqueras y otros tres exconsellers catalanes fueron condenados por el Tribunal Supremo a un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación, y actualmente tienen conmutada su pena de prisión, pero no de inhabilitación (entre 9 y 13 años).
Por malversación, además de por sedición, están procesados el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, huidos de la Justicia; y también por malversación varios cargos de su Govern por participar en la logística del referéndum del 1-O, entre ellos los diputados de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó.