Galicia, y seguramente España entera también, esperan desde ayer mismo que el macro juicio –hay cientos de testigos frente a dos acusados– por la catástrofe de Angrois, con ochenta muertos, más de cien heridos y las familias de todos ellos esperando no sólo que se haga justicia sino que a la vez se disipen de una vez las dudas. Porque, guste o no guste, resulta evidente que el proceso, ya desde la instrucción, ha suscitado opiniones encontradas y despertado incógnitas que deben despejarse para tranquilidad de todos.
Eso sí, la claridad es básica, como básica ha de ser la aportación de datos que ha llegado a reclamar incluso la Unión Europea y que podrían ser clave para concretar responsabilidades políticas si las hubiere. Y, ya puestos, también han de servir para despejar algunas acusaciones, lanzadas desde colectivos de víctimas, que afectan a la honorabilidad de personas, ninguna de ellas procesada, pero sobre las que se formularon serias imputaciones: cargos en materia de seguridad de Renfe y/o de Adif.
(Incluso miembros de diferentes gobiernos: el primero, José Blanco (PSOE), que era titular de Fomento cuando se cambiaron las condiciones de licitación del tramo Ourense-Santiago y acerca del que una organización de víctimas reclamó que se le retirase de la candidatura socialista al Parlamento Europeo. Otra, la ministra Ana Pastor (PP) –también de Fomento– de quien, en vísperas del juicio, un grupo de familiares dijo que había tratado de ocultar informes sobre la tragedia procedentes de la Unión Europea.)
La misión del Tribunal es ceñirse al ámbito de la Justicia, pero en una tragedia de las dimensiones de la de Angrois, y la evolución posterior de los acontecimientos –en principio casi todo el mundo creyó en un terrible accidente– ha generado dudas que afectan a personas a las que la Justicia no las acusa, y tienen derecho al honor que algunos ponen en duda. En una sociedad madura, no tensionada como la española, el interés estaría en lo que los testigos afirmen, los magistrados decidan o de los recursos, si hubiere.
Sea como fuere, el caso está donde está, entre el dolor, la indignación y las dudas, y para los fallecidos, los heridos y sus familiares no cabe otra solución que la Justicia, con mayúscula. Y en las semanas o meses que vienen hay que dársela –incluyendo las responsabilidades políticas, si las hubiere–, desde el Tribunal o el Parlamento y completa, sin sombras que, de no desvanecerse, sólo harán aún más daño.
