A la vista de los últimos datos oficiales de empleo –el paro ha descendido por debajo del 13 por ciento: la vez anterior fue en 2008– e incluso los referidos al crecimiento del PIB, es razonable la satisfacción de don Pedro Sánchez en su balance prevacacional de gestión. Seguramente no lo es tanto la euforia, porque el índice de la inflación, medio punto por encima del ya brutal de junio, que fue del 10,2 se “come buena parte de la renta de los nuevos trabajadores como las de los antiguos. Pero en todo caso más vale un suspiro de alivio que un estertor, y por ello es lícita la alegría y hasta un cierto autobombo, aunque en el caso del señor presidente no sorprenda: a la mínima oportunidad lo practica y, a pesar de que no abundan, poco a poco lo va perfeccionando.
Dicho eso, que es opinión personal, conviene ir a los flecos que cuelgan del optimismo de su señoría y que, en lo que a Galicia se refiere, enturbia el horizonte. En lo financiero porque, aunque los ingresos por aumento de impuestos engorden las arcas del país, el sistema vigente necesita mayores garantías para evitar que las prácticas “selectivas” de un gabinete como el actual conviertan en desigualdad lo que la Constitución declara solidaridad. Y en lo presupuestario porque ahí es donde se concreta la filosofía que se desprende de lo anterior: al amigo, socio o aliado se le concede lo que pida, por muy a más que vaya, y la injusticia crece y se nota a medida en que existan mayores cantidades a repartir.
Eso es lo que lleva haciendo el equipo de Moncloa desde que llegó, entre otros motivos porque es el precio que tuvo que pagar para lograr la censura de Rajoy y que ahora mismo le hace pagar a escote ante cualquier reclamación. Incluso en aspectos clave para el sistema: hace apenas unas horas que un ministro. nada menos que el de Presidencia señor Bolaños, afirmó para satisfacción de los separatistas de ERC, que hay que desjudicializar la política”, que podría interpretarse, y de hecho así lo entendieron los beneficiarios como una especie de patente de corso para evitar denuncias ante los Tribunales. Es una monserga para “apaciguar tensiones a través del diálogo” que casi nadie toma en serio.
(Lo peor es que da igual: aquí lo que cuenta es la aritmética aunque se haga con números heterogéneos. Pero hay más flecos que no entran en las prioridades del Gobierno, sobre todo los urgentes y que están ad calendas graecas. Uno, el del déficit de personal sanitario, que puede paliarse con el alza salarial que anuncia la Xunta, pero en absoluto resolverse, porque sus raíces no son sólo gallegas: para eliminarlas es condición indispensable reformar a fondo los sistemas de acceso a las Facultades y a las especialidades. Pero no con las medidas preuniversitarias que se inventa con frecuencia –una o dos veces al año, según el ministro que tenga el encargo– desde un departamento devaluado.)
Antes de cerrar el capítulo de flecos que se quedan en el limbo –porque llegará, como es lógico y, si no hay acuerdo final, obligado, al Constitucional y ahí la lista de espera es casi infinita– resulta preciso citar el “no rotundo” del señor Sánchez al presidente de la Xunta sobre la modificación de –la nueva normativa litoral: se hizo con Andalucía, con Baleares y con Canarias, pero no con Galicia: habrá que ver qué hace el Gobierno autonómico, que lo reclama, y la oposición, que lo “avala”. Sería una buena oportunidad abrir la línea institucional para dar cabida a su inclusión en el Estatuto, previa su reforma, como propuso en Rianxo el secretario xeral de los socialistas gallegos. Y quién sabe: hasta puede que hagan causa común.
