Hace apenas unas horas, el mundo pesquero gallego –que pese a lo que opine la directora general de Asuntos Marítimos de la UE es mucho más que lo extractivo y lo transformador– advertía sobre el peligro de muerte real que conlleva la intención europea de cerrar más de 90 caladeros en todo el litoral oeste y noroeste del continente. La intención, impulsada por intereses políticos y electorales, de prohibir la pesca de fondo, y la de palangre como daño directo, fue ratificada por una extraña “responsable” de defender el equilibrio entre pescado y pescadores y que lo rompe en favor de lo primero. Exactamente al revés, pero igual de injusto, de lo que se hizo antes, en perjuicio de las especies.
Ahora se pretende compensar aquello fomentando los peces y reduciendo el factor –menos “rentable” y en declive– humano. Pero, además, se hace mediante un método que encaja mal con el estilo europeo, puesto que la decisión –parece que definitiva, aunque como “consuelo” se diga que no entrará en vigor hasta después del verano– semeja un “trágala” más que un acuerdo adoptado por una mayoría suficiente. Once abstenciones y dos en contra no contribuyen precisamente a reforzar las teorías de quienes pretenden implantar la prohibición. Curiosamente, además, socios de la Unión que carecen, o casi, de flotas pesqueras y se abastecen de países terceros.
Lo que procede ahora, tras el aparente fracaso de la reunión habida en Vigo con la directora general europea, es determinar qué se va a hacer desde aquí –en Galicia y, por supuesto, en España– para impedir que las tripulaciones de los buques se vayan al paro, las empresas al cierre y la industria del sector al colapso también. El asunto parece más grave que, por ejemplo, el que ayer mismo se comentaba sobre la transferencia de competencias de la AP-9, de modo que quizá no estorbase reclamar que los mismos, o preferiblemente más, que firmaron que se aceptase el dictamen del Consejo de Estado, apoyasen otra solicitud para recabar opinión acerca de un posible veto a la decisión restrictiva.
El quid de la cuestión es lograr que se trate definitivamente –visto que está sujeta con alfileres– en el marco de la nueva política común pesquera que se abordará dentro de unos meses. Con datos que pongan de relieve el enorme daño que en todos los sentidos se le pueden hacer a Galicia si sale adelante la pretensión supuestamente protectora de las especies marinas –los informes científicos no hablar de riesgo de extinción, salvo los que encargan ad hoc algunas organizaciones que presumen de altruismo pero que se nutren, y abundantemente, de las causas que defienden. Y que no son, a poco que se indague en el fondo, precisamente medioambientalistas.
Por decirlo todavía más claramente: la totalidad de las llamadas “fuerzas vivas” de este Reino tienen la obligación moral, cívica y profesional, de salir en defensa de la pesca gallega –y española– ante no ya solo amenazas directas como la que se comenta, sino incluso de las indirectas lesivas que a veces se publican para detrimento de las actividades pesqueras de barcos con esta bandera. Porque, aunque importantes, otros asuntos no alcanzan el riesgo en que se encuentra gran parte de la actividad pesquera, y las “fuerzas” antes citadas tienen tendencia a una miopía que de cuando en vez les impide ver con claridad más allá de sus narices. Y eso provoca sueño, por lo que les viene al pelo un refrán “marítimo”: “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.