Tras cada varapalo político, y el resultado electoral en Andalucía lo ha sido con categoría de morrocotudo, la reacción consiguiente del Gobierno tiene la urgencia de cortar la hemorragia de desafección y paliar el descontento. Para ello, nada más efectivo –piensan– que sacar pecho y aumentar el gasto público, atenuar el dolor social del tránsito y confiar en la mutabilidad de las circunstancias adversas.

La brutal subida de los precios tiene como última respuesta del Gobierno el aumento de los subsidios vía cheques de 200 euros para las rentas inferiores a 14.000 euros o la rebaja del IVA –del 10 al 5%– en la factura eléctrica. El contrapeso, por el lado de los ingresos públicos, lo ofrecerían las compañías eléctricas en modo chivo expiatorio, a las que se incrementaría en diez puntos el tipo en el impuesto de sociedades. Un salto cualitativo que la parte socialista del Gobierno ha asumido arrastrando los pies.

Esta nueva batería de medidas son solo las últimas novedades de una carrera donde los miembros del Gobierno se atropellan unos a otros con sus propuestas disparadas a bocajarro con la finalidad de demostrarse a sí mismos quién defiende un compromiso social más puro y bizarro. El resultado ofrece un espectáculo un tanto manicomial y degradado. Y sin embargo, no son pocos los economistas que mantienen todavía la fe en que los precios no continuarán su escalada y que la inflación bajará de una forma relativamente rápida (Paul Krugman), habida cuenta de que los precios, excluidos los efectos de la energía, mantienen todavía una evolución moderada (Raymond Torres). Desde esta perspectiva técnica, los incrementos del BCE en el precio del dinero estarían ayudando a crear las funestas condiciones para una recesión.

En sentido contrario, ni la política ni las personas pueden permanecer estoicamente impasibles ante la actual escalada de los precios. “Los fenómenos sociales tienen efectos económicos” advertía en 1983 el también Nobel de Economía Kenneth Arrow, cuando las coberturas sociales públicas eran infinitamente más precarias que las actuales. Andalucía ha enviado un mensaje rotundo: Sánchez pagará un precio político por el alza desbocada de los precios. La asunción de esta conclusión alimenta la espiral de acción-reacción. El presidente del Gobierno tiene que actuar, pero nada de lo que haga parece poder cambiar el curso de las cosas. A salvo, claro, de lo que diga el Manual de resistencia.