Alguien habrá, sin duda, que sobre todo en estos días entienda que cualquier referencia a “herencias” trate de las políticas, especialmente tras el relevo en la presidencia de la Xunta. Pero esta vez, quien esto escribe se refiere a otra, a raíz de la noticia, alentadora, de que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Xunta contra el impuesto a las que se hagan en vida. A la espera de sentencia, hay un par de reflexiones que procede formular. La primera, que si el tributo a las herencias mortis causa es un abuso, una doble imposición, aplicarlo a las que se hacen en vida resulta todavía peor. Y no parece el horno fiscal como para subirle más la temperatura: los contribuyentes ya están “cocidos”.
(En cuanto a las herencias, y viviendo hoy como está previsto el acto de toma de posesión del señor Rueda Valenzuela, merece al menos una reflexión acerca de quien se despide de la presidencias, don Alberto Núñez. Primero, porque es de justicia, para expresar agradecimiento a quien ha dedicado más de veinte años al servicio de Galicia, como vicepresidente, después como jefe de la oposición y hasta ahora cuatro legislaturas consecutivas como presidente. Defendió los intereses de este Reino con energía y supo hallar el modo de que el país no solo superase algunas de las peores crisis, sino que deja tras de sí un listón en nivel elevado. Merece la gratitud general, aunque, como todo en democracia, haya quien discrepe del balance, hecho como opinión personal.)
La segunda reflexión parte la tesis, expuesta alguna vez, de que cuando un gobierno reclama algo a otro y este ni siquiera se da por enterado, y más si se niega a dialogar en serio, el mejor recurso, aparte del inútil aunque ruidoso derecho al pataleo, es acudir al único poder independiente por definición, que es el judicial. Lo ha hecho así la Xunta y lo ha hecho bien por lo menos de momento; faltan aún decisiones sobre otros pleitos igualmente sustanciales, cuyo fin no es judicializar la política, y menos aún entorpecer la justicia, sino lograr lo que establece la definición del ius latino que, traducido, consiste en dar a cada cual lo que le corresponde.
Por desgracia, la actitud del gabinete que preside el señor Sánchez dista mucho de lo que recomiendan los antiguos juristas. Su muy peculiar forma de gobernar el Estado, apoyándose en quienes buscan separarse de él, y su debilidad parlamentaria, que le obliga a pagar muy caro ese respaldo y a fomentar la desigualdad entre comunidades, solo deja expedito el camino de los tribunales para defender derechos constitucionales, entre ellos el de solidaridad –aparte de la igualdad mencionada e incumplida– si se quieren restaurar no solo ya los principios básicos, sino el más elemental sentido común en una gobernanza.
Está por determinar, ahora mismo –aunque parece lógico pensar en que se intentará la continuidad de la estrategia, no demasiado eficaz hasta el momento– si el presidente Rueda podrá mantener la política de alianzas “reivindicativas” con otras comunidades en cuestiones clave como el reparto de los fondos europeos –asunto envuelto en un misterio dentro de un enigma–, o la futura financiación autonómica. En la anterior presidencia contaba, y mucho, la personalidad del señor Feijóo; ahora debiera prevalecer el perfil de su sucesor, que tiene carácter para reclamar con firmeza y diplomacia para hacerlo con sensatez. A Galicia le convienen esas dos virtudes y una tercera más clara: la de asumir que don Alfonso no estaría donde está si no tuviera todas las condiciones para cumplir lo que prometió al país.
