El incidente de Djokovic frente a las autoridades australianas, independiente de su resultado final, nos ha dejado a los espectadores la inquietud ante las disimiles circunstancias en que la epidemia del COVID-19 puede afectar a la sociedad. En primer lugar, el tenista Novak sobresaliente entre los suyos, la victoria en 20 grandes torneos lo acompaña, ha querido imponer a las autoridades australianas su libertad de elegir por encima del protocolo sanitario dispuesto por Melbourne y negarse a reconocer si está vacunado o no, alegando haber pasado el COVID-19 con autoridad, circunstancia que le impide recibir la vacuna. En principio nada que objetar el ejercicio de ese derecho, salvo que su libérrima decisión no lo exime de acatar el legítimo derecho del gobierno australiano de exigirle la acreditación de estar vacunado para permitir acceder a su territorio.
Mientras, un juez anula la decisión de retirar el visado del tenista y veta su entrada al país en un conflicto que se alargó en el tiempo.
Sabido es que lo derechos de una persona terminan donde comienzan los de otras. Y en términos del uso de la libertad personal esta tiene sus límites, uno de ellos impide que en el uso de esa libertad se causen daños mayores. En este caso la posibilidad de esparcir involuntariamente los potenciales gérmenes contaminantes.
En resumen, ni la excelencia deportiva del tenista Novak Djokovic ni sus alegatos autorizan a violar las normas sanitarias que lo acogen. El resto es ruido, vocerío nocivo, lamentable y bochornoso.
