Este periódico acaba de informar acerca de la situación de precariedad en un alto porcentaje de empresas gallegas, pero no la que afecta a bastantes trabajadores –asunto este que parecen haber olvidado algunos sindicatos– sino también a la seguridad informática de sus tareas. Un riesgo nuevo y creciente que, además, se extiende a algunos otros aspectos de la vida cotidiana, en la que la tecnología tiene ya medios para que aquellos supuestos de control global de las personas –por un “gran ojo que todo lo ve”–, propios de la ciencia ficción, estén al orden del día.
Es más: dada su habitualidad, corren el riesgo de multiplicar peligros gracias, entre otras causas, al pintoresco modo de actuar de una parte de los oficiantes de la política que aquí conviven. Y que, con el ministro del Interior -que –para mayor sarcasmo, es magistrado de un alto tribunal– a la cabeza, creen que no debe legislarse “en caliente”. O sea, que como los delitos informáticos, por ejemplo, se dan ya a diario, habrá que esperar a que se “enfríen” a base de desaparecer por sí mismos –o reducirse por milagro– antes de elaborar leyes contra ellos. Raro, ¿verdad?
En este punto no estorbará despejar dudas, bien o mal intencionadas, acerca de que la opinión que se deja expuesta no va contra las ciencias que hoy adelantan muy deprisa aunque a veces parezcan una barbaridad, sino contra el mal uso de ellas. Y el absurdo buenismo que practican algunos referentes de la actividad pública que confunden el culo con las témporas –en lenguaje más ortodoxo, el progresismo con la tibieza penal– y que llevan a actitudes y acontecimientos inexplicables sin que se encuentren, aparte de a los culpables, a los responsables. Y hay un catálogo muy extenso ya de ejemplos, trágicos en su mayor parte.
Aquí no se trata en absoluto de repetir el piove, porco goberno que se ha hecho famoso para volcar todos los males en las espaldas se quienes deberían resolverlos o prevenirlos. Pero sí de reprochar a unos cuantos de ellos las respuestas, tan inoportunas a veces que más parecen inhumanas, a demandas sociales que reclaman justicia. Es el caso reciente del ministro del Interior sobre el asesinato de un niño de nueve años por un pederasta recién salido de la cárcel “por buena conducta”. Y no se trata de comparar ni salirse del asunto: solo de recordar a dónde lleva a veces la aplicación literal de unas reglas obsoletas.
Volviendo a los delitos informáticos, e incluso ampliando el foco a cuantos se puedan llevar a cabo mediante una práctica perversa de las nuevas tecnologías, cumple recordar que el riesgo para las empresas, en Galicia, es aún mayor por cuanto su tejido económico está formado por muchas pequeñas y medianas, especialmente vulnerables. Esa realidad, junto al creciente número de estafas telefónicas, etcétera, exigen, además de un refuerzo humano y material a la Policía y Guardia Civil que los persiguen, Leyes ad hoc que los contemplen en su real gravedad, los sancionen y prevengan, disuadiendo así en la medida de lo posible a quienes los perpetren. Eso forma parte esencial también de lo que hay que hacer, pero antes del 2050.
