A la vista de la insistencia de algunas comunidades –Valencia, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia, todas ellas salvo la murciana gobernadas por el PSOE con apoyo de Podemos– en que el Estado le apruebe una quita o una reducción de su deuda, ha lugar para unas cuantas reflexiones. Siempre desde la opinión personal, desde luego, pero también con la inquietud de que el Gobierno central, que no es el Estado pero lo gestiona, insista en su hábito de acceder a lo que se le pide con la única condición, no escrita pero evidente, de que sean afines, muy pobladas, y socios o aliados aun coyunturales los que firmen las solicitudes correspondientes.
El desasosiego deviene no tanto de que a algunos les concedan más que a otros, sino de los criterios en los que se sustenta la “generosidad”, y de que el dicho de la condición previa y el hecho de que quienes piden ayuda son, curiosamente, los más endeudados. O, si se prefiere expuesto de otro modo, los perjudicados potenciales serían los mejores administradores, porque dado que el dinero no se estira, lo que le adjudiquen de más a unos se lo recortarán a otros. Un panorama por cierto que poco tiene que ver con la solidaridad constitucional.
(Por cierto, ese argumento solidario –el de que dan más que reciben– es el que suelen utilizar no solo los que no lo practican, sino incluso los que quieren abandonar el marco común en el que se plantea. Y que, además, fundamentan el total de su población como motivo principal de la demanda –ya sea en la petición de ayuda o a la hora de fijar los criterios de financiación autonómica– y excluyendo la atención a quienes, con menos público que atender, han de prestar servicios más caros. Y lo son porque la dispersión poblacional aumenta los costes del servicio educacional y sanitario, y la edad media del conjunto lo hace más vulnerable).
Este es el caso de Galicia, como se ha repetido hasta la saciedad, que no se ha visto reconocido al menos en su monto debido si se tiene en cuenta la justicia de sus pretensiones. Ahora, con unos Presupuestos Generales del Estado en fase ya de proyecto con una mayoría en apariencia confirmada, toda precaución ante la desigualdad es poca. Y más todavía si se tiene en cuenta que la muy escasa credibilidad de las cuentas podría hacer que la UE retrase la entrega en todo o en parte de los Fondos comprometidos. Algo que agravaría aún más el panorama.
Convendría no olvidar que en estos presupuestos se incluyen 27.000 millones de euros “europeos” que aún no tienen fecha de entrega, y que calculan unos ingresos que son imposibles de alcanzar tal como están las cosas. Pero lo peor de todo es la posibilidad, real, de que los que cumplen peor las reglas del Gobierno acerca del déficit sean ahora “premiados” con quitas o subvenciones. Todo un ejemplo para los ciudadanos a la hora de responder a sus obligaciones: claro que la gente del común es fácil de controlar; tanto o poco más que las comunidades, pero varias de estas, a veces, parecen tener bula. En singular o en plural.
