Está comprobado –basta un repaso de algunas de sus decisiones o propuestas– que la capacidad de este Gobierno para las sorpresas resulta inagotable. La penúltima, por ahora, tiene apenas unas semanas –antes del relevo masivo en el propio gabinete– y correspondía al área de Educación, cuando la inefable Isabel Celaá era ministra. “Sugirió” a la Xunta que mantenga, cara a este próximo curso, el mismo número de profesores que prestaron servicio durante lo más duro de la pandemia. No es un disparate, tiene lógica puesto que la Covid-19 aún hace estragos, pero existe una dificultad: los contratados superan el millar. Y hay dificultades financieras.
Podría ser, en verdad, muy loable la preocupación por las clases presenciales, la seguridad en las aulas y la precaución, a mes y medio del inicio del curso escolar –si no se repite la bomba vírica de Baleares y se cortan los botellones– de que personal y alumnos estén protegidos. Pero otras decisiones, como la contratación o no del personal docente, parecen competencia del Gobierno autonómico. Sobre todo si lo que se “aconseja”, sin duda conveniente para reducir el interinazgo en el profesorado, no se acompaña de la correspondiente dotación de recursos extra para hacerlo. Y ese papel sí corresponde al Gobierno central.
Desde la Consellería de Educación ya le enviaron respuesta a Madrid, precisamente en el sentido –fraseado con algo de ironía propia del país– de que echan de menos una referencia al aumento de presupuestos para hacer frente a la “recomendación”. Lo que, tomado ad simplicem, es de recibo, porque a nadie le amarga un dulce ni que le aumenten sus finanzas para mejorar la docencia; pero siguiendo con el léxico más expresivo que existe para hablar de dinero, “la vaquiña” –con perdón– “polo que vale”. Y así no hay que discutir más ni se pierden amigos. Aunque tratándose del ex Gobierno, Galicia no tenía amistades. Ya se verá con el nuevo.
En este punto, procede una matización. Se habla de la capacidad casi inagotable del Ejecutivo central para las sorpresas porque hay precedentes. Incluso en la senda del gabinete del señor Zapatero. Quien, como muchos recuerdan, fue el impulsor de la Ley de Dependencia, aquella “cuarta pata del Estado de bienestar” que no iba a garantizar la vida eterna, pero –al menos– sí confortable mientras durase la perecedera. Ley de la que se beneficiarían sectores sociales –sobre todo aquí, con edad media alta aparte el factor de la gran dispersión poblacional que encarece los servicios públicos–, y también las familias con dependientes a su cuidado.
Se cita el ejemplo, conste, sólo para recordar que determinados asuntos se presentan teñidos de ideología que después resultan pura fachada –el Plan “E” de Zapatero no incluyó la Enseñanza, como tampoco recursos– y la hasta ahora ministra hizo algo parecido: más verso que prosa como gusta a algunos autoproclamados progresistas. O sea, los que se saben la teoría, aunque están los que van a lo práctico y predican menos pero dan más trigo. Lo curioso es que, a esos, los otros les llaman “conservadores”, como mínimo, aunque cuando llega la hora de echar cuentas, casi siempre obtienen mejores notas. Algo que, tal y como está la enseñanza, tampoco es para presumir: el probado es “raspadito”, por ahora.
¿No….?
