El líder del partido Fidesz y primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha emprendido un camino peligroso no solo para su país, sino para el futuro de la democracia en el continente. Orbán niega que haya “una unidad de valores europeos”, por lo que no puede haber tampoco por tanto “la unión política” a la que aspiran algunos en Bruselas.
El político húngaro compara a la capital comunitaria con Moscú cuando funcionaba el Pacto de Varsovia y dice que jamás se doblegará su país a los dictados de los burócratas bruselenses. El Gobierno de Budapest ha promulgado una ley que prohíbe informar a los menores en las escuelas de temas relacionados con la homosexualidad o el cambio de sexo.
Según Orbán, no existe consenso en la opinión pública europea sobre si es mejor vivir en “un mundo binario (de varones y hembras) o en un mundo de arcoíris”, en el que la comunidad LGTBI goce de los mismos derechos. “Cada cual tiene su verdad”, dice aquel, en frase que se parece mucho a lo que sostienen los apologetas de Trump sobre la existencia de “hechos alternativos”.
El jefe del Gobierno húngaro niega por tanto el derecho de “alemanes, belgas u holandeses” a entremeterse en la educación de los hijos de los ciudadanos de su país. Pero el problema que presenta la deriva antidemocrática de Orbán no tiene solo que ver con la homofobia, con ser esto grave, sino también con la corrupción y sus déficits democráticos en otros terrenos como son la libertad de prensa y la justicia.
Así, el fiscal general del país, Péter Polt, es uno de los fundadores del partido de Orbán, quien además se deshizo de un 15 por ciento de los jueces del país, adelantando simplemente la edad de jubilación. Orbán ha entregado además veintiuna universidades a instituciones opacas y colocado en la presidencia de sus gremios de control a algunos de sus fieles, entre ellos dos ministros de su Gobierno.
La Comisión examina las estructuras de supervisión y las medidas de los Gobiernos contra la corrupción y el fraude porque “al final son los ciudadanos europeos quienes pagan”
Todo ello es lo que finalmente ha llevado a la Comisión Europea a amenazar a Budapest con retener los 7.200 millones de euros de ayudas que solicita en el marco del programa europeo de reconstrucción. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró ante el Parlamento que esos planes de reconstrucción deben ir siempre acompañados de un riguroso sistema de controles.
La Comisión está examinando las estructuras de supervisión y las medidas que puedan haber adoptado los diferentes Gobiernos contra la corrupción y el fraude porque “al final son los ciudadanos europeos quienes pagan”. En el caso concreto de Hungría, la Comisión denuncia “irregularidades sistémicas” en las adjudicaciones de contratos públicos así como las carencias de la lucha contra “la corrupción al más alto nivel”.
El ex primer ministro rumano y actual presidente del grupo liberal del Parlamento “Renovar Europa”, Dacian Ciolos, calificó la suspensión de las ayudas a Hungría de paso en la dirección correcta. “No se trata de castigar a Hungría, sino a Orbán, afirmó Ciolos, que ya la semana pasada pidió a Von der Leyen que no liberase los fondos destinados al país centroeuropeo hasta que el Gobierno de Budapest no tomase ciertas medidas.
Entre estas, mencionó la total transparencia sobre los beneficiados por las ayudas, la resolución judicial de los conflictos de intereses y la reforma de las leyes que limitan la libertad de prensa. Pues bien, ante tal panorama, mostrando una vez más su verdadera cara, el partido que lidera Pablo Casado se ha abstenido en el Parlamento Europeo en una votación de condena de la ley homófoba de Orbán. Nuestro PP se desvincula así del Partido Popular Europeo, en el que está integrado, y demuestra lo que en el fondo le importa Europa.
