Los griegos establecieron que “la ley es el rey”. Los romanos lo ratificaron con máximas tan categóricas como “la ley es dura, pero es ley” o “hágase justicia aunque el mundo perezca”. Los ingleses crearon primero la “carta de derechos”, para limitar el poder absoluto del rey en favor del legislativo, y, más tarde, “el gobierno de ley”. Los franceses lo afinaron aún más con la “separación de poderes” de Montesquieu.
Parecen ideas de Perogrullo, tópicos, pero así se resume de forma llana nuestra tradición de justicia, la creación de unas normas básicas de convivencia, lo que los alemanes denominaron “Estado constitucional de derecho”. Ese es el sistema por el que ahora nos regimos, que nos permite convivir en armonía y resolver nuestros conflictos a través de la Justicia.
No por obvio deja de ser conveniente recordarlo, porque en España empezamos a notar síntomas de que se nos están olvidando estas nociones básicas de “conllevancia”, que diría Ortega. Especialmente, por parte del Gobierno en el poder. Bien es cierto que desde la oposición las posibilidades de despreciar la ley son mucho menores y que, cuando la oposición gobernaba, se saltaba la ley con similar facilidad. No hay más que contemplar los juicios que ahora se celebran referentes a su tiempo en el poder.
Contradice cualquier principio que el ministro Ábalos –más que ministro, secretario general del PSOE– ose proclamar que las causas del Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos de la Generalitat son “piedras en el camino”. Y no digamos cuando el president Pere Aragonès eleva esas piedras a la categoría de “rocas” y exige al Gobierno que las “elimine”. Por si no quedara suficientemente claro, la ministra de Igualdad ha puesto la guinda: “Que se eliminen todos los procedimientos”.
Hace unos años, costó mucho acostumbrar a los periodistas a adjudicar a un sospechoso el adjetivo de presunto antes de que fuera condenado. Ahora, la mencionada ministra, adalid de la corrección política hasta extremos inimaginables, se salta la presunción a la torera. Califica de maltratador, sin matización alguna, al marido de Rocío Carrasco, protagonista del mayor juicio televisivo que se recuerda. Se sumaba así a lo que se ha dado en llamar juicio mediático, juicio de la calle o justicia paralela, juicios todos ellos al margen de la legalidad vigente.
Y todo ello sucede precisamente ahora, cuando los ciudadanos celebran el rito anual más icónico del acatamiento de la ley: el pago religioso de sus impuestos. Resulta especialmente escandaloso que nuestros dirigentes, obligados a la ejemplaridad, desprecien las normas de convivencia. Si nuestros políticos, nuestros representantes, no respetan la ley, la desprestigian, ¿con qué autoridad van a exigir a los contribuyentes que la acaten?
Se habla mucho de la judicialización de la política. El propio líder de Esquerra Gabriel Rufián proclamó que es la hora de “retirar las togas de la política”. Pero quizá sea más apropiado decir que es la hora de retirar la política de las togas. El Gobierno asegura que la concesión de los indultos se ajusta a la legislación vigente. Bien, en su derecho está otorgarlos si es así. Pero el mismo derecho tienen otros de recurrir a los tribunales si consideran las medidas de gracia no ajustadas a derecho. Que decida la Justicia.
Si la decisión no se corresponde con los deseos de unos u otros, dirán que la Justicia está politizada. Es más que probable que así sea. Pero a ningún partido se le ocurre despolitizar la Justicia. El camino es sencillo. Sólo hace falta altura de miras. Construir una mayoría relevante entre los dos partidos principales. No valen mayorías precarias de PSOE más Podemos más nacionalistas o PP más Vox. Hace falta un gran consenso que represente a una amplia mayoría de españoles. Es la única salida para consolidar el Estado de Derecho, para despolitizar la Justicia, y de paso la Educación y la Sanidad.
Una biografía del catedrático José Luis Villacañas acaba de resucitar la muy olvidada figura de Luis Vives. El filósofo, cuyas ideas nos serían muy útiles hoy, defendió en el siglo XVI un reparto equitativo del poder, programas de auxilio social, la sanidad pública, la tolerancia, el europeísmo, y, sobre todo, la justicia. “Desterrada la justicia, que es vínculo de las sociedades humanas –escribió–, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella”.
