Un antiguo refrán, de los que pueden interpretarse a gusto del consumidor, afirma que “quien tiene padrinos, se bautiza”. Y seguramente, de aplicarse en su sentido mercantil, le vendría como un guante al gestor de la “operación Evrina”. O, conocida por otro nombre, la historia de un megayate construido –aunque no rematado: lo trasladaron a Santander en una especie de fuga que recordó a quienes huían del cobrador del frac– y que se cierra con lo que Douglas Prothero buscaba: “salvar” su barco, su único objetivo. Ahora ya puede marcharse y a otra cosa mariposa, pero deja huérfanos: un astillero, Barreras, y su personal.
Quien, en cambio, encontró padrino fue el conjunto de gestores, con Prothero a la cabeza. Mediante un acuerdo con bancos a través del fondo que lo ampara, obtiene la financiación precisa para rematar el barco en Cantabria –de donde no volverá: este Douglas no es McArthur al evacuar Filipinas– y sin explicar a trabajadores y auxiliares lo ocurrido. Y deja además enormes incógnitas: ¿qué va a pasar ahora con Barreras? Sin megayate, sin agenda de trabajo, ¿quiénes o quién lo va a sacar adelante? ¿Qué dirán los “gurús” que en Vigo dijeron que el astillero no corría peligro, además de insinuar “maniobras” en las alarmas que sobre este caso repetía por ejemplo FARO?
Pero este desenlace –al menos de momento– no podría haber llegado de existir una actuación decidida de los gobiernos. Y no solo –que también– para garantizar las ayudas que se les solicitaban para el astillero, sino sobre todo para asegurar los puestos de trabajo de fijos y auxiliares y además la viabilidad del sector de la construcción naval privada en Galicia. Porque lo que ha ocurrido alcanza esa dimensión, más allá de lo local y lo provincial, y esos gobiernos tienen la obligación –al menos moral y política– de salvar Barreras. Y, de paso, Vulcano.
En este punto conviene dejar clara otra cuestión: todo el penoso affaire no solo es un agravio a Vigo, sino a una parte esencial de la economía de la comunidad. Porque hay aún quienes, aquí y allá, denuncian como localista la defensa de las personas, de los trabajadores y de intereses que, por generales, no coinciden con los suyos particulares. Quizá cuando se convenzan de que la gran urbe del sur es Galicia, y que lo que daña a la ciudad lo hace también al Reino –y viceversa– podrán sumarse a la tarea común de proteger lo que es de todos. Ojalá que no sea tarde.
Conste que la situación produce una sensación de desamparo. No hay explicación sólida que justifique la ausencia de un Plan Estratégico del sector naval, reiteradamente reclamado por este periódico, cuando otros han recibido el oxígeno económico y social que solicitaron. Y las exigencias, razonables, que Gobierno y Xunta plantearon, habrían quedado garantizadas más y mejor en un PEN que, además protegería a la parte débil. Han faltado reflejos y perspectiva y, acaso, pensar en común; de ahí el desamparo que sienten muchas personas entre los muchos afectados. Que cuando comparan actitudes, decisiones e incluso cumplimiento de compromisos es más que frecuente que vean saldo negativo con respecto a otros. Habrá que esperar, y exigir, que esa orfandad desaparezca lo antes posible: otra cosa resultaría negligente, y esas son palabras mayores.
¿No?