Acostumbrado, en cierto modo, como está el país tras los doce meses y medio que lleva soportando la pandemia y la confusión derivada de las múltiples políticas sanitarias que el Gobierno central ha causado con su desidia, a pocos extrañará que ahora se reciba con desconfianza casi todo lo que suena a los pasaportes –o certificados: tampoco en eso hay acuerdo firme– de vacunación. Y hay motivos, aparte del fundamental ya citado, para no fiarse; primero porque nadie sabe cuándo habrá vacunas para todos los que las necesiten y segundo porque los plazos “estimados” por la UE y sus socios no coinciden más que en lo genérico.
Habría un tercer motivo, sin agotar el catálogo: porque nadie sabe, ya en abril, cómo se organizará esa especie de salvoconducto dado que verbigratia ya se habla en España de que aquí no solo la autoridad central sino también las autonómicas y aún las municipales tendrán vela en la procesión. Ya solo falta que las diputaciones se apunten al aquelarre para aumentar la competencia. Aparte, por supuesto, de los cientos de “expertos” que sin la menor duda aparecerán por doquier hasta conseguir que el proceso, ya de por sí complicado, se vuelva enloquecedor.
La lógica, si es que se ejerciera en un país como este, habituado a responder casi siempre más con la improvisación que desde el sentido común, exigiría que eso de los pasaportes sanitarios –como lo de las vacunaciones– se llevara a cabo desde un mando único, preferiblemente continental y coordinado con los Estados que mayor índice de contagios presenten. O mejor aún, que la documentación fuera universal, siquiera para no añadir más papeleo y trámites a una burocracia que si aquí es farragosa, en la estructura comunitaria tampoco goza de una agilidad notable.
De esa burocracia cansina en la UE y en España pueden dar testimonio todos los que han presentado proyectos en busca de fondos europeos con vistas a la “reconstrucción económica” y temen que el asunto se quede ad calendas graecas, con suerte. Y que nadie hable de exageración: entrado ya el segundo trimestre del año, nadie sabe con exactitud cuándo empezará a fluir la corriente financiera del BCE, Banco Central Europeo. Así que, en ese escenario, los pasaportes, o certificados, que acrediten la vacunación podrían quedarse en alguna ventanilla per in saecula.
En fin que, sin ánimo de incordiar sino de colocar –desde una opinión personal– todas las cartas sobre la mesa, conviene no olvidar que esto de los pasaportes, como aquello de las vacunas, habrá de compatibilizar su uso con las disposiciones de los países en América, África o Asia, por ejemplo, donde a su vez no parece existir un punto de vista común. Claro que si hay alguien veterano no tanto en deshacer nudos como complicarlos, es el Gobierno de coalición PSOE/Podemos, que en casi un santiamén creó el galimatías desde el que se aborda aquí el COVID.
¿O no…?
