A primera vista, y dicho con el mayor de los respetos, no resulta razonable que la señora ministra para la Transición Ecológica, cuyas competencias parecen extenderse hasta donde alcanza la vista desde un satélite, se explique –o eso pretende– en Twitter en lugar del BOE, por ejemplo. Y no es que se niegue que las vías telemáticas sirvan para lo que sirven –informar extraoficialmente, además de otros fines algo más complicados– pero hay matices. Entre ellos uno que se refiere a la seriedad con que debería abordarse un asunto que, como el de la Ley de Cambio Climático, tiene inquietas a muchas personas, empresarios y trabajadores.
La señora Ribera desmiente un vídeo que atribuye a la Xunta, en el que se denuncia –a mayores: casi todos los medios gallegos dieron la voz de alarma sobre la cuestión– que hay empresas que se van a Portugal a causa de los efectos negativos en lo laboral que esa norma puede desencadenar. La ministra dice que “es falso”, exhorta a cumplir el mandamiento de “no mentir” y apela a la responsabilidad de todos para no insuflar el “temor”. Dicho así, su señoría tiene razón, porque el miedo, como la prisa, es mal consejero y doña Teresa parece negar con cierta precipitación las posibles interpretaciones de un artículo de esa ley.
Y es que, con todo respeto para cuanto dice su señoría –aunque, desde una opinión personal–, procede insistir en que no parece el mejor método desmentir algo tan serio en las redes sociales y no de forma oficial. Y menos si el quid de la cuestión está en algo que esa ley no deja del todo claro y por tanto lo hace interpretable, lo que da lugar a dudas en su aplicación. Y si fuere así, el temor de empresas y trabajadores estaría más que justificado, porque si se admite la retroactividad, implicaría, al término de las concesiones territoriales o sus prórrogas, el abandono de la superficie afectada por la disposición legal. Y pocas hay peores que una norma que pueda servir como cajón de sastre según convenga.
Conste que no se trata en absoluto de corregirle la plana a V. I., pero sí de insistir en lo ya dicho: lo interpretable, aunque doctores tenga la Administración que sabrán hacerlo, es lo que es. Y se llama como se llama precisamente porque deja margen para opinar e incluso para aplicar que, como bien sabe la señora Ribera, es demasiadas veces lo que provoca los conflictos. Tanto que, por poner un ejemplo práctico, el hueco que ciertas decisiones de Gobierno dejan a la interpretación de leyes o proyectos son fuente de constantes polémicas en la sociedad española –y gallega–, y ni se diga si se trata de “mentiras” o “falsedades”.
Queda escrito que no se trata más que de exponer un punto de vista particular, y que sería muy útil que para tranquilizar los ánimos y evitar posibles o hipotéticas “fugas” de empresas a donde sea pero fuera de Galicia, hay métodos mejores que los utilizados por la ministra. Y, desde luego, explicaciones menos frívolas que, por la propia naturaleza del asunto, exigen bastantes más palabras que la cifra limitada de las redes en cuestión. Y necesitan la eliminación de las dudas todos aquellos que hasta ahora han actuado confiando en que lo hacían al amparo de las leyes vigentes. A los que no lo hayan hecho así, que se les aplique todo el peso de las actuales, pero desde una actuación seria. Para frivolidad ya hay aquí medios de sobra sin que tenga que alistarse nada menos que una señora ministra.
¿O no…?
