A la vista de lo que está ocurriendo – porque sigue así, y así seguirá mientras no haya soluciones reales y realistas– con Barreras, el astillero privado más importante de España, y sobre todo con los riesgos que supone para cientos de empleos directos y de empresas auxiliares, proceden algunas reflexiones. Desde la opinión particular, por supuesto, pero no neutral, porque nadie puede ponerse de perfil cuando se trata del futuro de tantas familias gallegas, de la economía de un área metropolitana como la de Vigo e incluso del prestigio de la tecnología que han logrado en construcción naval Galicia y España.
Es por eso, entre otras razones –todas obvias– por las que resulta obligado una vez más, y sin que importe la reiteración, que la cuestión se trate con seriedad. Exigible para los implicados, desde los trabajadores –que no parecen plantear condiciones imposibles para salir del atolladero– hasta las administraciones públicas pasando, evidentemente, por la empresa gestora. Y por el fondo que tiene detrás, se supone que como respaldo para una viabilidad que no puede apoyarse sólo en las arcas públicas, algo que unos cuantos dan la impresión de pretender.
Vista desde fuera, la situación del astillero, que no es fácil para nadie, tiene solución. Y no ya sólo por su calidad laboral, probada con los propios encargos que ha cumplido Barreras y que no se le adjudican a cualquiera, sino porque incluso con evidentes errores en la gestión, ni el Ministerio ni la Xunta se niegan a la ayuda que necesita. Condicionada a la lógica, en especial por el Ejecutivo gallego, que dirige un país escarmentado ya por demasiados ejemplos fallidos en los que la buena intención pública se ha visto defraudada por el egoísmo particular de algunas firmas.
No se trata de una hipótesis. En las últimas horas se han conocido datos acerca de una investigación judicial sobre la venta por “Alcoa” –multinacional beneficiada aquí con mucho dinero público– de sus centros de A Coruña y Avilés. Y eso confirma lo reiterado ya: que hace falta un control eficaz de cumplimiento de condiciones, y también en el establecimiento de requisitos. Y Barreras ha aplicado, por ahora, el silencio a lo que se le reclama, un silencio inaceptable tanto más cuanto que el tiempo pasa y las circunstancias agravan el problema y el riesgo de desempleo.
Por cierto que, en lo laboral, es preciso distinguir entre el silencio extraño y la boutade, que son extremos opuestos. Y es que mientras los gestores del astillero callan, otros/as hablan de defender empleos pidiendo el cierre de fábricas que lo aportan. Como la portavoz nacional del BNG, que reclama fondos europeos para eliminar “Ence” en Pontevedra, la vieja cantinela de su grupo político. Y lo hace después de que la firma anuncie una inversión de 400 millones en la factoría, condicionados –en pura lógica mercantil– a su continuidad. Circunstancia pintoresca que demuestra que a veces pifian hasta los/as inteligentes.
¿No?