El rapero Pablo Hasél no es precisamente un nuevo Rimbaud, y lo que han juzgado los tribunales no es la calidad – más que discutible- de sus textos, sino algunas de sus afirmaciones.
Como la invitación a que alguien clavase “un piolet” en la cabeza de un conocido exministro socialista o la declaración de que no le daría ninguna pena “un tiro en la nuca de un pepero” o que el un alcalde de Lleida corriese la misma suerte. Declaraciones que recuerdan en cierto modo el “me gusta” de la nueva diputada del Partido Republicano de EEUU, la trumpiana Marjorie Taylor Greene, a un tuit que proponía disparar una bala a la cabeza de la líder demócrata, Nancy Pelosi, como la forma “más rápida” de librarse de ella.
Los defensores de Hasél tratan de justificar sus manifestaciones o los textos de algunas de sus canciones por la libertad de expresión o de creación sin entender que ambas deben tener también sus límites en una democracia. Es cierto que la actual legislación sobre esa materia es un totum revolutum que incluye, junto al enaltecimiento del terrorismo, las “injurias” a la bandera, a la Corona o a los “sentimientos religiosos” y que limita gravemente y a veces de forma totalmente discrecional libertades fundamentales en un sistema democrático.
Pero en ningún caso la incitación al odio de un colectivo, como pueden ser los judíos, los musulmanes, los gitanos o, en su caso, los inmigrantes, como tampoco la invitación al asesinato de una persona, aunque sea simplemente retórica, pueden estar amparados por la libertad de expresión o de creación artística. Cosa muy distinta es el tipo de sanción que establezca el legislador para esos delitos, que deberá ser siempre proporcional y no tiene por qué ser necesariamente una pena de cárcel como vemos que ha ocurrido en el caso del rapero.
La condena de Hasél, que ha tenido que ingresar en prisión por su condición de reincidente, ha provocado, como hemos visto, manifestaciones de jóvenes airados contra un Estado al que califican de “represor”. Manifestaciones que comenzaron siempre pacíficamente, pero que, como suele ocurrir con ese tipo de protestas, terminaron degenerando en violencia, con la destrucción de escaparates, vehículos y mobiliario urbano junto al lanzamiento de piedras y otros objetos contra las fuerzas del orden.
Lo que resulta en cualquier caso reprobable, después de que se produjeran esos altercados, son las declaraciones de apoyo a los “jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”, en palabras del portavoz de Unidas/Podemos, sin que esas palabras fueran acompañadas de un rechazo de la violencia empleada por algunos. Declaraciones que les han recordado absurdamente a ciertos comentaristas las palabras de aliento del ex presidente Donald Trump a sus vandálicos fieles, quienes, tras tragarse todas sus mentiras, tomaron por asalto el Capitolio de EEUU.
Lo que sí cabe decir es que ese tipo de desórdenes solo favorecen a los que tratan de desacreditar a un movimiento legítimo y totalmente justificado de protesta contra el actual estado de cosas y da alas a la ultraderecha de Vox, siempre dispuesta a pescar en río revuelto.
