La deslegalización galopante en materia sancionadora, la profusión de procedimientos y la inseguridad jurídica que se deriva de los imprecisos, y a menudo incoherentes criterios esgrimidos sobre el procedimiento aplicable, son las causas del actual embrollo administrativo sobre las sanciones en la Covid.
El complejo procedimental establecido confunde y abruma a los ayuntamientos. Las corporaciones locales contemplan perplejas la abundancia de normas y materias en las que se produce compartición de la potestad sancionadora en función del reparto competencial Estado-Comunidades Autónomas.
Pues bien, a mi juicio, solo se puede solucionar este lío abogando porque las sanciones a los infractores en la pandemia tienen que ser impuestos por los ayuntamientos "en todos los casos en que no exista una regulación específica del procedimiento sancionador." Es decir, en los casos que las normas sanitarias establecen ese procedimiento específico la competencia para sancionar resulta irrenunciable para la Administración autonómica: por ejemplo, los incumplimientos a las restricciones perimetrales de la libertad de circulación.
En todos los demás casos, son los ayuntamientos quienes deben tramitar, imponer y ejecutar estas sanciones.
