A estas alturas sorprende que, a pesar de las decisiones de la UE, los precedentes inmediatos y las noticias negativas -salvo la última, excelente, que procede de Namibia y que acaba de publicar este periódico- de caladeros distintos y distantes, la pesca siga siendo, aquí, una asignatura pendiente. Y la sorpresa se extiende a la aparente distracción acerca de las repercusiones que la llamada "transición ecológica" -aunque se haya creado un Ministerio así bautizado- puede desencadenar sobre esa actividad, extractiva y transformadora. Hay avisos, pero no una reacción adecuada.
Las razones que explican esa situación -o, si se quiere, la opinión que se expone- son antiguas. Acaso la principal es la menguante incidencia del sector sobre la economía española, con el efecto directo del descenso de su repercusión sobre otras actividades regionales o locales. Y, a la vez, la difícil adaptación de la flota a las crecientes exigencias ecológicas de la política europea. Exigencias que, sin embargo, no se aplican a los países extracomunitarios que exportan pescado a la UE. Que completa, por cierto, sus necesidades de mercado con esa aportación.
Quizá no sea necesario recordar recientes circunstancias, no solo sin resolver sino empeorando, en caladeros importantes para los buques españoles y, por supuesto, gallegos. En Malvinas, banco canario-sahariano, aguas meridionales argentinas, Mozambique, etcétera, hay cada vez menos horizontes. Y no se trata de reclamar un colonialismo pesquero, sino de aplicar las leyes; pero todas: las de protección de las especies y las que buscan garantizar la tarea de quienes, respetándolas, son perjudicados por los incumplidores. Algo que exige la toma de conciencia de los propios gobiernos primero, de las organizaciones internaciones después e incluso de los tribunales.
En definitiva, y por extraño que suene o parezca, la prosperidad o liquidación de la pesca es una cuestión relacionada de forma directa con la política. Y lo es porque a día de hoy, y desde hace mucho, separar conceptos económicos y sociales es imposible. Puede que se modifique su liaison, pero no hasta eliminarla del todo; ahora mismo, y como uno de los efectos del Covid-19, se analiza si la globalidad cederá peso a favor de una cierta autarquía o, cuando menos, una suerte de repatriación si no de capitales, sí de inversiones. Pero no hay, aún, una respuesta que tenga mayoría.
Para la pesca española -y gallega- no es este un asunto liviano. Primero, porque el cambio de enfoque rebajaría quizá la creciente competencia en los caladeros y, a contrario sensu, porque las deslocalizaciones de industrias pesqueras de este país en Centroamérica, por ejemplo, padecerían una presión notable. Y, desde luego, esto -como todo lo anterior- que es básicamente económico, se resolverá bien o mal en función de la política que se aplique. Y ahora mismo, a nivel de Estado, no se puede hablar de que exista alguna: ese es el principal de los problemas que amenazan el futuro de un sector clave para Galicia. En los dos aspectos señalados y uno más: el cultural. Porque nadie imagina una Galicia próspera sin el mar.
¿Eh...?
