23 de febrero de 2020
23.02.2020
EDITORIAL

Una "política judicial" más justa

23.02.2020 | 02:49
Sala del TSXG en A Coruña. // Miguel Miramontes | Roller

Cuando se habla de estado de bienestar, invariablemente se piensa en educación, sanidad o políticas sociales (dependencia, desempleo...) Y así es. Pero también casi invariablemente se arrumba la cuestión judicial. Y difícilmente una sociedad que aspire a ser moderna y madura podrá disfrutar de un estado de bienestar pleno si la justicia no está a la altura de las demandas y necesidades ciudadanas. Y por desgracia no lo está, al menos no en todos los territorios.

El caso de Vigo es especialmente sangrante. El déficit en recursos humanos y dotaciones es endémico pese a ser la ciudad más poblada de Galicia y la que, por ende, cuenta con mayor litigiosidad. Negar que ha habido mejoras en los últimos años sería injusto. Sin embargo, defender que la situación actual es, cuando menos, razonable supone negar una palmaria realidad.

Las últimas decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) alimentan la especie de que el trato que recibe la justicia en Vigo es discriminatorio. Limitar el refuerzo a un séptimo juzgado de lo Social se queda a años luz de las verdaderas urgencias que asfixian a la judicatura viguesa. Es, dicho en pocas palabras, como un trofeo de consolación. Porque el mismo tribunal no ha tenido el menor empacho en proponer tres órganos nuevos en A Coruña (Social, Civil y Mercantil) y otros tres en Lugo. Pontevedra y Ourense tampoco se han llevado el premio gordo, con un juez de refuerzo para la primera y un nuevo juez para la segunda.

Este reparto discrecional parece responder más a una casi ancestral "política judicial" que tiende a compensar a los territorios más próximos (la sede del TSXG) y a dar limosna a los más lejanos. Reforzando todavía más con sus decisiones aquellas estructuras de poder más potentes a costa de apenas apuntalar otras que se han acostumbrado a sobrevivir en la inanición.

Tras décadas soportando esta doble vara de medir (doblemente insoportable al emanar de una institución que solo cobra su pleno sentido en la adopción de decisiones justas), el statu quo debe cambiar. La junta de jueces de Vigo, un organismo colegiado que tradicionalmente no se ha caracterizado por su espíritu combativo, ya ha reclamado de forma unánime al TSXG que además del nuevo juzgado de lo social propuesto se creen dos más de lo civil para hacer frente a la sobrecarga de pleitos.

Porque los once órganos civiles actuales cerraron 2019 con más de 17.000 asuntos, sumando demandas y ejecuciones, un 30% más del volumen que recomiendan los módulos del Consejo General del Poder Judicial. Y la saturación irá a más pues estas causas están experimentando un crecimiento exponencial impulsado por el procedimiento del monitorio (que permite reclamar de forma rápida una deuda), por los litigios vinculados a los préstamos online, las tarjetas revolving o el fenómeno de los fondos buitre.

La situación en las salas de la Audiencia Provincial en Vigo no está mucho mejor. La exigencia de crear al menos un nuevo órgano de lo civil se ha planteado con reiteración en los últimos años y siempre con el mismo resultado: silencio. Durante un tiempo se ha parcheado el atasco con magistrados de refuerzo, pero en cuanto la pendencia disminuyó a unos registros razonables, la decisión fue retirar el refuerzo, con lo que el problema se ha reavivado. En Pontevedra y en Ourense, aunque en una mejor situación que Vigo, también se abusa del magistrado de refuerzo, una figura que solo cobra sentido en circunstancias excepcionales pero que cuando se utiliza de permanente comodín, como hasta ahora, se pervierte su sentido. Porque un refuerzo constante, sistemático o permanente en realidad está (mal) ocultando la necesidad de crear una nueva plaza.

Más que tapar vías de agua en un barco que se mantiene a flote por el trabajo, la pericia y la entrega de sus jueces y letrados (funcionarios y secretarios), el Poder Judicial y el TSXG tendrían que revisar a fondo su estrategia. Y para empezar dotar de infraestructuras y recursos humanos y económicos allá donde más se necesitan. Parece de perogrullo que en donde más trabajo y necesidades se acumulan se hagan los mayores esfuerzos para atender la demanda. En la justicia, por increíble que parezca, no resulta así. El Poder Judicial se mueve según otros criterios difícilmente defendibles.

Resulta cínico fijar como recomendables unos módulos de carga de trabajo y al mismo tiempo no tomar las medidas pertinentes para que sean posibles. Y mucho peor intentar tomar atajos o promover ardides para solo maquillar unas cifras que en el caso de Vigo son insostenibles.

Que el propio Poder Judicial premie con gratificaciones y remuneraciones pecuniarias a aquellos jueces y magistrados que dicten más sentencias resulta, en palabras de un prestigioso jurista, "sencillamente indignante". Que el órgano supremo de gobierno de la justicia esté organizando una suerte de competición a ver quién es más rápido firmando más fallos -una práctica que en el mundillo judicial se conoce como "sentenciar a destajo"- resulta peligroso desde el punto de vista de la calidad del trabajo final y hasta moralmente reprobable. Y lo cierto es que algunos jueces han sucumbido a la tentación de firmar más para cobrar más. El ministerio, por dar unas dádivas de unos cuantos miles de euros, se ahorra mucho más en la contratación de personal.

En los últimos meses, hemos asistido a reiteradas visitas de egregios representantes de la judicatura a las obras de la Ciudad de la Justicia, el nuevo inmueble que concentrará todas las dependencias y servicios judiciales de Vigo. Durante esos recorridos se ha enfatizado la gran importancia del futuro complejo. El propio Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, acompañado de la plana mayor de la judicatura gallega se deshizo en elogios de unas instalaciones que superarán de largo los 30 millones de inversión. Y así es. La Ciudad de la Justicia a buen seguro que mejorará el trabajo diario de jueces y demás funcionarios.

Sin embargo, la visita de Lesmes no fue tan llamativa por lo que dijo, sino por lo que omitió, al menos en público. Porque en ningún momento se refirió a la posibilidad de mejorar la oferta judicial, y sus comentarios fueron más propios de un aficionado a la arquitectura que del cargo de máximo responsable de los jueces que ostenta. Y no hay que olvidar que la Ciudad de la Justicia que la Xunta erige sobre el viejo Xeral será un edificio referente, moderno y monumental, pero solo un edificio. De poco servirá el esfuerzo económico que supone contar con unas instalaciones de vanguardia si se deja al margen, o no se potencia de forma paralela, el más importante capital para el ejercicio de la justicia: el factor humano.

El problema es, en realidad, doble. De un lado, satisfacer las necesidades de la judicatura gallega, en general, para resolver con prontitud y tino los miles de expedientes que se agolpan en su mesa. El propio TSXG cifró en 30 las nuevas plazas que deberían crearse en la comunidad. De otro, una vez que el Ministerio de Justicia diese el visto bueno a ampliar plazas en los juzgados -por supuesto, nunca serían ni por asomo las 30 señaladas por la consabida matraca de las estrecheces presupuestarias-, cómo se repartirían. Y aquí surge otro obstáculo.

Porque la competencia de esa distribución corresponde a una comisión mixta formada por Xunta y TSXG, un órgano que se mueve por criterios demasiado oscurantistas, aunque la sombra de la compensación a territorios amigos o la de las afinidades personales o ideológicas se proyecta sospechosamente sobre las resoluciones. Y es que hasta ahora no parece que criterios como el de la población, litigiosidad o pendencia de los asuntos hayan tenido un peso determinante sobre las mismas. Los antecedentes nos dicen que en ese reparto de la tarta que se decide en una habitación cerrada, sin luces ni taquígrafos, Vigo suele llevarse el trozo más pequeño. Así pues es hora de que todos los actores implicados, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el TSXG y la consellería reparen el desequilibrio y obren como indica el nombre de sus instituciones: con una política judicial justa, que en el caso de Vigo no es siquiera equitativa.

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