Mientras las autoridades pesqueras españolas explicaban sus prioridades de pesca en la tradicional y trascendental reunión de diciembre del Consejo de Ministros encargado de aprobar el reglamento de TAC y Cuotas para el año 2020, un informe del Observatorio EUMOFA destacaba que España es el Estado miembro de la Unión Europea que más ha pescado (340.004 toneladas) y con un mayor valor de todos los países comunitarios: 966 millones de euros.
De los cinco Estados miembros de la Unión Europea que conforman el grupo de cabeza de los que tienen objetivos en el sector pesquero, detrás de España (con Galicia como comunidad mayoritaria) figuran el Reino Unido (176.254 toneladas y 382,34 millones de euros), Holanda (165.783 toneladas y 252,04 millones de euros), Dinamarca (151.073 toneladas y 207 millones de euros) y Francia (120.066 toneladas y 408 millones de euros). Con las flotas pesqueras de esos cuatro países, la española comparte caladeros comunitarios; pero como puede comprobarse, las capturas de nuestra flota multiplican por dos las del Reino Unido, que le sigue en la clasificación, y casi triplica el valor de sus capturas.
Resulta evidente que, a pesar de esas notables diferencias con los países socios de la UE, España no logra autoabastecerse de pescado y recurre año tras año a las importaciones, sumadas a las cuotas de pesca que, procedente de países terceros, abastecen los mercados y las producciones conserveras de nuestro país, especialmente en lo que atañe al atún, la merluza, el pulpo y la cigala.
A pesar de ello, el Gobierno español se ve en la obligación de presentar batalla año tras año en las reuniones del Consejo de Ministros que se celebra en Bruselas en el mes de diciembre, con la pretensión de modificar al alza los TAC y Cuotas que se asignan en primera instancia a nuestro país. Para 2020, ya se ha visto: una de cal y otra de arena.