Una de las mayores incógnitas sobre la legislatura que hoy comienza es en qué modo estará condicionada por opciones políticas periféricas, partidos cuya masa de votantes es muy reducida frente a las formaciones de ámbito nacional. PNV y ERC obtuvieron en las elecciones de abril sus mejores resultados, lo que, en la fragmentación de fuerzas del nuevo Congreso, los convierte en grupos muy a tener en cuenta en todo lo que se avecina. Los nacionalistas vascos se mantienen en la misma línea, apoyos a cambio de lo suyo, que desarrollaron en el pasado. Ahora adquieren mayor protagonismo como estabilizadores del previsible Gobierno de Sánchez, sometido a su eterno barrer para casa, signo esencial de todo partido atado al corto horizonte de su territorio.
Con ERC la perspectiva es muy distinta. El cruce de las tensiones en el seno del soberanismo con las alteraciones de la política externa, y a la espera del fin del juicio por el proceso soberanista, hace que ahora sea una formación de posiciones altamente volátiles, de escasa fiabilidad, según el lamento reiterado del PSOE. Sin interlocutor con garantías para abordar la situación catalana, la única posibilidad de reducir la centralidad de ese conflicto -que no de soslayarlo, porque resulta imposible- para que deje de ser un condicionante del resto de la agenda consiste en un pacto expreso entre las principales fuerzas nacionales.
El único acuerdo de estas características se produjo en torno a la intervención de la Generalitat con la aplicación del 155, una circunstancia excepcional a la que conviene no llegar de nuevo. Hoy la posiciones de PSOE y PP sobre la cuestión catalana están más distantes que nunca. En su futura recomposición, los populares tendrán que examinar sin paños calientes qué los ha llevado a quedar sin representación parlamentaria en el País Vasco y al borde de lo extraparlamentario en Cataluña. Después de eso todavía faltará mucho camino por andar.
