Como ya quedó dicho en un artículo anterior, uno de los aspectos que más llaman la atención en las declaraciones de los testigos del juicio del "procés" es la abismal diferencia entre la credibilidad de los dirigentes políticos y la de los funcionarios que intervinieron en los sucesos de octubre de 2017. Tanto de los acaecidos con ocasión del referéndum ilegal convocado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña como de la fugaz declaración de independencia en el Parlamento regional que le siguió poco después. El testimonio de los primeros, empezando por el del expresidente señor Rajoy, fue evasivo, ambiguo, confuso y amodorrante, o, como se dice en lenguaje coloquial, centrado en despejar balones y responsabilidades. Mientras que el de los funcionarios fue conciso, concreto, y esclarecedor proporcionando a los magistrados del Tribunal Supremo y a los medios que siguen el juicio una versión de los hechos que seguramente se aproxima mucho a la realidad.
Si nos tuviéramos que guiar solo por las manifestaciones de los dirigentes políticos del Estado y de la comunidad autónoma no sabríamos a qué carta quedarnos. Según los primeros, ellos no sabían nada sobre la organización del dispositivo policial encargado de impedir el referéndum, ni tampoco dieron ninguna orden sobre el grado de contundencia que habría que aplicar para impedir su celebración, limitándose, en todo caso, a recordar a los secesionistas su obligación de respetar la legislación vigente en aquel territorio empezando, por descontado, por la Constitución Española de 1978. Y según los segundos, el referéndum no fue otra cosa que un ejercicio masivo de libertad de expresión reprimido a golpes por la policía del Estado; y la declaración de independencia en el Parlament un acto simbólico sin trascendencia jurídica ya que no tuvo reflejo el Boletín Oficial de la Comunidad.
El escamoteo de la realidad, incluso de la que tenemos evidencia debajo de la nariz, es uno de los entretenimientos favoritos de la clase política junto con la idea de que al final del juego nadie les exigirá responsabilidades por muy descabellada que haya sido la apuesta. Afortunadamente, luego comparecieron los funcionarios y la situación se recondujo. El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos aportó durante más de cuatro horas de declaración un relato muy bien documentado. Y algo parecido cabe decir de Enric Millo, que era entonces delegado del Gobierno, y de Montserrat del Toro, la letrado del juzgado que solicitó el registro de unas dependencias y tuvo que huir de un acoso multitudinario por la azotea de un edificio colindante. Capítulo aparte merece el testimonio del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, un personaje cuestionado por su supuesta complicidad con los planes de los separatistas que acabó revelando ante el Tribunal Supremo que tenía preparado un plan para detener a los máximos jefes del secesionismo, empezando por el propio Puigdemont, a poco que transgredieran la legalidad y una autoridad judicial se lo ordenase.
Al margen de todo ello, la conclusión que deberíamos sacar es que el Estado se sostiene en pie gracias a la preparación y buen hacer de unos funcionarios públicos, escasamente retribuidos por otra parte, que saben cumplir con su obligación pese a las injerencias políticas. Los ejemplos, como en este caso, abundan.
