Hoy comienzan las sesiones del que será un juicio histórico. Y lo será porque se juzgan hechos vinculados a un episodio -nefasto y gravísimo- de la historia reciente de España -sí, de España- que ha consistido en una frontal contravención del orden jurídico político por parte de un parlamento y un gobierno autonómicos, una acción contra el Estado, una desquiciada revuelta contra el orden constitucional, al que aquellos se deben y a los que la Constitución obliga sin excepción, todo ello sumado a una contumaz y despectiva desobediencia al Tribunal Constitucional.
No entro en la discutida calificación jurídico-penal de los hechos porque eso es lo que ahora corresponde dilucidar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que hará con base exclusivamente en la prueba que en los próximos días se lleve a cabo en el acto del juicio oral, y cuyo análisis y valoración decidirán el contenido de la sentencia. Partes y tribunal saben que este no es más que un primer peldaño. Desde un principio, las defensas han echado los cimientos de sus respectivas estrategias con la mirada puesta en Estrasburgo.
Pero debemos reparar en lo que ha ocurrido hasta ahora, porque no es cuestión menor. La opinión pública ha estado siendo sometida a una perseverante maceración a base de una perversa y premeditada retahíla de declaraciones de signo denigratorio, con el fin de que sectores dúctiles de la población se fuesen empapando, a modo de calabobos, de un estado de ánimo adverso y desconfiado para con el tribunal que tiene que juzgar a los políticos secesionistas. Se trataba, en suma, de ir conformando, y nunca mejor dicho, un prejuicio.
Repetidamente se ha dicho, por ejemplo, que estamos ante un conflicto político que indebidamente se ha judicializado. No es cierto. Hay, sí, un conflicto político, pero no es esto lo que se judicializa. Lo que avoca la intervención de los tribunales es el hecho de que su solución -y en favor de una de las aspiraciones que se rumiaban en el cogollo del conflicto- se ha pretendido mediante acciones que, indiciariamente al menos, se corresponden con conductas que vienen tipificadas en el Código Penal. No se judicializa el conflicto, sino la ilegalidad de los instrumentos utilizados para alcanzar la secesión. Y esto es así, por más que se empeñen en llamar referéndum a una pantomima que ningún sistema democrático podría reconocer, o que se presenten como víctimas oprimidas por un Estado no democrático o que invoquen un derecho de autodeterminación del que cientos de miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, han dicho no existe en Cataluña. Todo es una pura falacia que quiere, a base de una incansable repetición, alcanzar formato de verdad.
Hay más. Es palmaria la idea de generar o fomentar una actitud de suspicacia hacia la Sala Segunda del Tribunal Supremo que va a juzgar la intentona secesionista; varias voces, y muchas con responsabilidad - mejor, irresponsabilidad- institucional, vienen reprochando ex ante que los acusados no tendrán un juicio justo o que este carece de garantías, aunque todavía no he oído decir cuáles son aquellas de las que se verán privados en el juicio. El anticipo de tan graves e insidiosas descalificaciones responde, sin duda, a una estrategia deliberada ante una eventual condena, para que esta, en su caso, aparezca como producto de las anunciadas carencias. Tengo para mí que de todo incidente que ocurra en el proceso, sea espontáneo o provocado, querrá hacerse motivo de confirmación de aquel pronóstico.
Inaudita y afrentosa es la idea del Colegio de Abogados de Barcelona de enviar observadores que sigan el juicio oral. Ellos, más y mejor que nadie, deben saber que el proceso penal español es decididamente garantista, como lo es la jurisprudencia que emana precisamente de esa Sala Segunda llamada a ahora a juzgar. ¿A santo de qué, entonces, ese gesto, esa sorprendente muestra de desconfianza? ¿Ante qué galería gesticulan?
Si hay una nota singular en este juicio es la decisión de su retransmisión en directo, sin límite, urbi et orbi, por televisión y en streaming a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial. Si todo juicio oral debe celebrarse coram populo, ante el pueblo, como si el mismo se llevase a cabo en la plaza pública, a la vista de todos los ciudadanos que quieran presenciarlo, tal requisito se cumple en este caso de modo superlativo. Cualquiera podrá seguir el juicio; miles, millones de ojos podrán escrutar lo que minuto a minuto acontece en la Sala de Audiencia. El tribunal ha decidido exponerse sin cortapisas ni reservas a la vista de todos. Hay más mucho más que luz y taquígrafos. Luz, toda; y taquígrafos, todos. Y garantías, también.
*Magistrado de la Audiencia Provincial en Vigo
