Cuando la política de este país discurre con frecuencia ante los altos tribunales y los jueces se manifiestan con racionalidad política, esta Justicia politizada debilita su imagen ante la sociedad y ante el panorama internacional. Casos recientes, como las acusaciones políticas a los independentistas, la sentencia de La Manada, el archivo de la cúpula de CaixaGalicia, el silencio de los nuevos casos de corrupción vinculados a la familia real o los impuestos sobre las hipotecas a pagar por los clientes y no la banca, muestran a cierto colectivo judicial anteponer su ideología política conservadora a la propia Ley y casi siempre resolviendo a favor de los intereses del más poderoso. De igual manera que hay multinacionales que humillan a los Estados ante tribunales internacionales para imponer sus leyes y hacer valer sus "derechos", también hay tribunales autonómicos como en Galicia que arrastran a los municipios al silencio para hacer valer los derechos del poder político. Pero sobre todo es el poder de la banca y el de los intereses del Estado quien realmente convierten a la Justicia en mercancía en manos de políticos y banqueros.
Ese deambular de una parte de la vida política del país por los estrados de la Justicia no es buen indicio para la salud de la democracia, que ya anuncia crisis de credibilidad provocada por la posible falta de imparcialidad de altos estamentos judiciales e independencia de los poderes económicos y políticos. Y sin embargo, este anómalo estado de la Justicia no figura en lugar destacado de la discusión parlamentaria. En mi criterio, no se trata de defender la idea del Juez apolítico ni tampoco del comprometido ideológicamente, sino valorar la difícil tarea de la neutralidad en todo el andamiaje del poder judicial. Pero, ¿cuál es la razón que produce el deslizamiento del idealizado Estado de derecho al Estado de la derecha? ¿Por qué los magistrados de la más alta instancia judicial española son de ideología conservadora?
No olvidemos que la opinión pública de nuestra sociedad democrática ya es un poder de amplio espectro que puede criticar al poder judicial, sin que represente una irrupción en sus tareas ni ataque a su independencia. Tal es el caso de la sospecha de credibilidad del alto Tribunal, a pocos días del juicio contra los líderes del "procés" por sedición, rebelión, malversación y desobediencia. La crisis de credibilidad de los altos tribunales en la opinión pública no es buena para la moderación social, porque dicho temor puede conducir irremediablemente a una crisis de legitimidad de las instituciones.
*Publicista
