Tres precisiones sobre el debate público que envuelve ya a los Presupuestos Generales de Estado (PGE-2019)
La primera es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aún no se ha pronunciado sobre su contenido. Lo que ha informado favorablemente es el cuadro macroeconómico, el escenario económico que el ministerio ha pergeñado para el próximo año. Sin duda, esto suma a la credibilidad del Gobierno, pero no será hasta la semana que viene que presente su informe sobre las cuentas en sí.
La segunda es que el objetivo de déficit para las administraciones públicas en 2019 es el -1.3%, al menos mientras no se cambie la senda de consolidación fiscal aprobada en primavera de este año. El veto del Senado y el bloqueo en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y Ciudadanos hace que la cifra del -1.8% que iba en el documento enviado a Bruselas sea un desiderátum. Mientras no se modifique la senda, hay que atarse al -1.3%. Y la ministra de Hacienda tendrá que adaptarse a ello. Otra cosa es que no sea muy razonable y leal que el PP se oponga a la revisión al alza de medio punto cuando es el principal responsable de que el déficit en 2018 vaya a acabar alrededor del -2.7%% y no en el -2.2%. La senda que se propone ahora el PSOE es coherente con la que defendía el PP en primavera, una vez que se introduce esa desviación en la ecuación.
La tercera es que España tiene un problema de falta de ingresos. Problema que se manifiesta cuando se compara la recaudación aquí y en el resto de países de la Unión Europea y cuando se observa el enorme déficit estructural que padecemos, el mayor de la zona euro. Los españoles queremos una cartera de servicios y derechos para la que no tenemos el dinero suficiente. El problema para el Gobierno es querer expandir esa cartera en 2019 sin una reforma fiscal previa y en profundidad, lo que obliga, otra vez, a tirar de imaginación y remiendo. Esta semana la AIReF nos dirá si, al menos, el traje sirve para cubrirse.
*Director de GEN (Univ. de Vigo)
